Juan Ramón Rallo (Reproducido) Las pensiones públicas están en serios problemas. No es una novedad, pues algunos venimos denunciándolo desde hace años, pero sí es algo que incluso el Tribunal de Cuentas ha terminado reconociendo en un reciente informe. Las cifras que presenta este organismo son desoladoras: entre 2016 y 2018, el gasto medio por pensionista aumentó un 18,7%, mientras que los ingresos medios por cotizante sólo lo hicieron un 1,3%.

El primer dato –el aumento de los gastos por perceptor– se explica esencialmente porque los pensionistas que causan alta en el sistema han devengado derechos previsionales más elevados que aquellos otros pensionistas que causan baja, de manera que el coste medio por perceptor de rentas se incrementa.

A ello, por cierto, hay que añadir el continuado incremento en el número total de pensionistas por el alargamiento de la esperanza de vida, de manera que no solo se trata de que cada individuo cobre más, sino de que hay muchos más individuos cobrando del sistema.

El segundo dato –el escaso ritmo de revalorización de las cotizaciones sociales medias– se debe al estancamiento de los salarios y de la productividad, lo que hace que las nuevas altas al mercado laboral no ensanchen sustancialmente las bases de cotización. A ello hay que añadir, además, que a medio plazo la población activa va a descender, de modo que también tenderá a haber menos gente ocupada: cotizaciones estancadas y cotizantes cayendo significa ingresos a la baja.

Es evidente que el sistema no podrá soportar que estas dos tendencias se perpetúen en el tiempo, máxime cuando, por desgracia, ya lleva años soportando toda su gravosa influencia. De hecho, y de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, la Seguridad Social ha acumulado entre 2010 y 2018 un déficit de 115.022 millones de euros, el cual ha elevado la deuda de este organismo en 79.222 millones de euros: y si no lo ha hecho en mayor medida ha sido porque durante este período nos hemos fundido el principal y los intereses de la famosa hucha de las pensiones.

¿Qué hacer para evitar la bancarrota total de la Seguridad Social? El Tribunal de Cuentas cree haber encontrado un cierto respiro: dado que, desde la década de los 90, las cuentas de la Seguridad Social han estado soportando gastos que le son impropios (como los complementos de las pensiones contributivas, los cuales deben canalizarse como política asistencial a través de los Presupuestos Generales del Estado), estima que la Administración General del Estado le adeuda a la Seguridad Social 103.690 millones de euros. ¿Bastará esa suma para cubrir su agujero futuro? Claramente no.

Primero, porque la Seguridad Social también le debe a la Administración General del Estado 50.273 millones de euros, de modo que la deuda neta ascendería a 53.000 millones de euros. Y segundo, porque 53.000 millones de euros únicamente permiten cubrir cuatro años de los déficits públicos actuales (superiores a los 15.000 millones de euros), pero ni mucho menos tres décadas.

El agujero estructural de la Seguridad Social sólo puede solventarse por dos vías: o aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Y habida cuenta de que España ya tiene unas de las cotizaciones sociales más gravosas de toda Europa, la única vía realista que nos queda es la de ajustar a la baja la generosidad de la Seguridad Social. Es decir, recortar los gastos.

Fuente: La Razón