La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para mañana por un presunto delito de prevaricación administrativa al no vetar la manifestación del 8-M en Madrid.

En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los reproches y argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación.

A lo largo de la resolución, de 17 folios, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.

La juez incide en la suspensión de los plazos procesales con la declaración del estado de alarma e indica que la tramitación de este procedimiento penal no tiene por qué quedarse paralizado porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala en su artículo 184 que “todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”. “Este precepto no ha sido derogado”, añade.

En este sentido, la magistrada defiende que “es algo notorio” que los juzgados de instrucción, o al menos el suyo, han seguido tramitando causas durante el estado de alarma y, por tanto, ha continuado escuchando a peritos, testigos, investigados, ya fuera por videoconferencia o de forma presencial.

En otro punto, la juez rechaza la pretensión de los servicios jurídicos del Estado, respaldados por la Fiscalía, para que los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos.

CRITICA A LA ABOGACÍA

“Somos de la opinión de que aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado -el delegado del Gobierno en Madrid-, en relación con las demás partes del procedimiento”, agrega la magistrada.

Por otro lado, la juez Rodríguez-Medel también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020.

La instructora remarca que “esas instrucciones internas no son objeto de investigación”, algo que ella misma ya ha “concretado en resoluciones anteriores”, pues sí lo son las “decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones”. No obstante, cree que esto “no impide recabar” esas recomendaciones de Franco, ya que las considera “útiles para la investigación”, pues “permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones”.