La lealtad del Partido Popular permitió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez una amplia mayoría para aprobar una nueva prórroga del estado del alarma, que nadie puede garantizar que sea la última porque la infección sigue activa. Por tanto, no cabe dudar de la necesidad de esta nueva prórroga del estado de alarma porque se mantienen las condiciones que provocaron su adopción el 14 de marzo pasado.

El problema, por tanto, no es la necesidad de esta medida, sino la idoneidad del Gobierno de Pedro Sánchez para gestionarla. Los españoles están respondiendo con la paciencia que requiere una situación de tanta gravedad como la pandemia del Covid-19, pero esta actitud ejemplar de la sociedad española no debe interpretarse como un cheque en blanco a favor del Gobierno. El equipo de Pedro Sánchez, y el propio presidente del Gobierno, están amortizados por los resultados de una gestión ineficiente y confusa, que ha sembrado más inquietud que tranquilidad, más problemas que soluciones. Exactamente todo lo contrario de lo que es legal y constitucionalmente exigible a un Gobierno que ha reclamado para sí el «mando único» político y administrativo del país.

Por tanto, no se trata de valorar si el Gobierno merece un reproche burocrático, de mero balance de resultados, si no de cómo está ejecutando sus obligaciones constitucionales y legales en el marco del estado de alarma. La gravedad de la responsabilidad asumida por Pedro Sánchez es superior a la que se manifiesta en el voluntarismo de sus intervenciones públicas. España tiene el peor Gobierno posible en el peor momento posible, pero lejos de aprovechar la mano tendida del PP, Sánchez se ratifica en la coalición con los comunistas y aborta de raíz la premisa de cualquier proyecto de reconstrucción, que es la renovación interna del Gobierno. La fijación de Sánchez con su fallido gobierno de coalición hará inevitable unas elecciones anticipadas para que sean los ciudadanos los que decidan valorar democráticamente cómo quieren encarar esa reconstrucción.

Es cierto que las cifras actuales de la pandemia son menos negativas que las de hace un par de semanas, pero lo anómalo sería lo contrario después de más de un mes de confinamiento casi generalizado. A pesar de las numerosas torpezas y errores cometidos desde el primer día, el Gobierno no ha enderezado su política de toma de decisiones y ya no se sabe si los anuncios que hacen el presidente del Gobierno o sus ministros son acuerdos de gobierno u ocurrencias de alguno de ellos, si tienen el aval de los «expertos» o los «expertos» ya no cuentan. Solo lo sucedido con la salida de los niños a la calle sería suficiente para que más de un experto y más de un político hubiera presentado su dimisión de forma inmediata.