Yolanda Díaz, a la izquierda

Solo la desconfianza previa, la inexperiencia en la convivencia de un Gobierno de coalición y la bisoñez de una de las partes, justificaba que hace menos de dos meses PSOE y Unidas Podemos (UP) firmasen un protocolo de funcionamiento que ya hace aguas por todos lados. El enfrentamiento entre los socios de la coalición es latente. Esta semana ha alcanzado altas cotas de intensidad, con filtraciones y reproches públicos sustituyendo a las ya admitidas discusiones a puerta cerrada.

Si las principales diferencias entre PSOE y UP se circunscribían a la gestión de la situación en Cataluña y a las grandes cuestiones económicas, están siendo otros aspectos, en los que aparentemente habría más consenso, los que están erosionando la confianza y la estabilidad de la coalición. La guerra abierta a cuenta de la aprobación del anteproyecto de ley de libertades sexuales pone de manifiesto lo que PSOE y UP siguen siendo: competidores electorales en el espacio de la izquierda. Al final, el crecimiento de uno pasa, aunque no exclusivamente sí en gran medida, por el deterioro del otro.

El protocolo firmado por ambos partidos se centra en evitar las valoraciones por parte de cada ministerio en aquellas cuestiones que superen su ámbito competencial. Las partes se comprometieron a mantener «una estrategia de comunicación coordinada». Un esquema que saltó ayer por los aires cuando Iglesias no pudo contenerse y acusó de «machismo frustrado» al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por las críticas que desde su departamento se filtraron sobre la ley elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Un rosario de desencuentros

Esa relación del PSOE y UP que oscila entre la alianza y la competición es lo que ha provocado en menos de dos meses una cadena de desencuentros que hacen difícil pensar que se cumpla el objetivo de Sánchez de que la legislatura dure cuatro años. Tras lograr capitalizar desde el Ministerio de Trabajo la subida del salario mínimo, la necesidad de liderar el espacio de las reivindicaciones económicas de sectores vulnerables llevó al vicepresidente Iglesias y a la ministra Díaz a intentar asumir la gestión de la crisis del campo. Unos encuentros de los que emanó una conclusión clara: la negociación la asumiría el ministerio de Agricultura que encabeza Luis Planas.

Pero UP no va a dejarse engullir por el PSOE y no ocultan algunas discrepancias, como se está viendo en las últimas semanas con la ley de libertades sexuales. Fuentes del departamento de Montero llevan días acusando a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y al ministro de Justicia de intentar «bloquear» el anteproyecto de ley de libertades sexuales. Sin embargo, desde Justicia se esgrime que el texto de UP necesitaba «mejoras» por contener múltiples «defectos técnicos» y «de forma» derivados, señalan, de su «premura» por presentarlo. En el fondo subyace la disputa entre el PSOE y UP por liderar las reivindicaciones del colectivo feminista. No solo por las diferentes concepciones teóricas, sino por el enfrentamiento político entre Calvo, que ya no tiene estas competencias, pero que coordina toda la acción del Gobierno, y la ministra Irene Montero.

El ministro Campo aseguró ayer que «no hay ningún bloqueo» sino que las alegaciones que enviaron a Igualdad «son un proceso normal» para mejorar la ley. El ministro se mostró pacificador tras el ataque del vicepresidente: «Los políticos hablamos demasiado», expresó, conciliador, pero «tengo total garantía de la colaboración de todos los departamentos, que saben que hay ministerios un poco más antipáticos que nos vamos poniendo «tiquis-miquis»».

Por su parte, la portavoz en el Congreso del PSOE, Adriana Lastra, negó ayer las manifestaciones de Iglesias. «No hay ministros machistas, aquí hay un Gobierno feminista del primero al último», subrayó, que insistió además en que la aprobación del texto de Igualdad es «una victoria del Gobierno de coalición». De hecho, tras su presentación en el Consejo de Ministros del martes, el PSOE se empleó en reivindicar la trayectoria feminista del partido y la bandera del concepto de «solo sí es sí». Aunque en UP no se amedrentaron.

El portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique, expresó en Antena 3 que «son normales» las «diferencias» entre los partidos de Gobierno y que lo «importante» es que se superen. Aunque, en línea con Iglesias, Echenique lamentó «parece que hace falta que venga un machote y diga: «Venga, te arreglo la ley»».

Malestar en La Moncloa

La reacción de Iglesias atacando a Campo el martes sorprendió a La Moncloa. Y es que entre la presidencia del Gobierno y la vicepresidencia segunda se presumía en las últimas semanas que la relación Sánchez-Iglesias, y el convencimiento de ambos de que el pacto debe perdurar, es la clave para superar fisuras. Sin embargo, el malestar entre vicepresidencia primera y Justicia con vicepresidencia segunda e Igualdad es la punta del iceberg, el descontento con la gestión de este caso es transversal en todo el Ejecutivo, según ha podido saber ABC.

Desde un ministerio dirigido por el PSOE que no ha participado en este conflicto se criticaba a ambas partes por haber «destripado públicamente» sus diferencias. Y desde otro de los departamentos socialistas que sí han tenido que «enmendar» el proyecto de Irene Montero se apunta a que uno de los problemas principales ha sido la necesidad de UP de apuntarse un tanto la semana del 8 de marzo: «Lo han trabajado con demasiada premura».

Las críticas sobre la «mala calidad» del texto de Irene Montero no emanan solo de Juan Carlos Campo o desde la vicepresidencia primera. Incluso hay quien desdeñan el malestar en UP: «El que se pica ajos come», dicen. Fuentes del Gobierno ven en la actitud de UP un intento de Iglesias por «reivindicar perfil» porque «hasta ahora ya se ha comido algunos sapos», en referencia nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

Couso, última fricción

El grupo parlamentario de UP envío ayer un comunicado en el que se oponía a la intención del Gobierno de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado a abonar una indemnización a la familia del cámara de Telecinco José Couso, que falleció en Bagdag en 2003. Desde el Gobierno, tras haber el PSOE abanderado durante años el caso del asesinato del periodista español, ahora se defiende el criterio de la Abogacía General del Estado.

La portavoz María Jesús Montero reconoció ayer los «límites» dentro de las competencias del Estado para afrontar este tipo de indemnizaciones. Dijo Montero que la sentencia de la AN abriría una vía «que sería imposible gestionar por cualquier país». Porque aunque cualquier ciudadano tiene derecho a una «protección», «también tiene un límite dentro de las competencias y capacidades de cada Estado». Y defendió que el recurso de la Abogacía se basa en una cuestión «eminentemente técnica», porque se puede aceptar algo que iría «contra los intereses generales del Estado». Eso sí, aseguró que se había contactado con la familia, a la que trasladó su «cariño y solidaridad».

La coalición tiene también otra herida sangrante: las «devoluciones en caliente», amparadas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Interior avaló la sentencia de Estrasburgo sin consensuar posición con los monclovitas morados y desde UP se calificó el fallo de «impresentable».