La impunidad hacia el insulto virtual, camino de acabarse. Al menos en Francia, donde la Asamblea Nacional ha aprobado este martes un proyecto de ley que exgiriá a las empresas tecnológicas propietarias de redes sociales como Facebook o Twitter la eliminación de los mensajes de odio en un plazo máximo de 24 horas. La medida, que cuenta con gran respaldo de la ciudadanía gala, salió adelante con el apoyo de 434 diputados frente a 33 votaciones en contra y unas 69 abstenciones.

Los legisladores proponen, de esta manera, frenar los insultos online en este tipo de servicios tan populares. La nueva norma establece, además, sanciones de hasta 1,25 millones de euros en caso de infracción grave. La medida, sin embargo, ha suscitado las dudas de grupos de privacidad franceses que consideran que atenta contra la libertad de expresión. «Lo que no se tolera en la calle no debe ser tolerado en internet», apunta Laetitia Avia, diputada de La República en Marcha (LREM) -partido en el gobierno- y que se ha encargado de promulgar la ley en la Asamblea. La ley llegará ahora al Senado donde se podrán presentar enmiendas hasta la aprobación del texto final.

Este desafío ha llevado a los legisladores a mirar con lupa las acciones de redes sociales como Facebook, que en los últimos años ha estado cuestionada por su incapacidad de detener los discursos extremistas.

Especialmente después de que un terrorista asesinara a varias personas en una mezquita en Nueva Zelanda en marzo. El autor de la masacre transmitió además el ataque en directo durante 17 minutos sin que la multinacional estadounidense hiciera nada al respecto. Un suceso que motivó a grupos críticos a pedir una regulación más estricta.

Según el proyecto de ley, las empresas tecnológicas deberán introducir herramientas para alertar a los usuarios sobre el contenido «claramente ilícito» relacionado con la raza, el género, la religión, la orientación sexual o la discapacidad. Ámbitos sensibles que suelen polarizar a los usuarios. En caso de que la red social no reaccione a tiempo se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos anuales. El organismo encargado de imponer las sanciones será el regulador de radiodifusión francés, CSA.

Con esta medida, Francia se suma a la corriente iniciada en Alemania, donde en 2018 se aprobó un proyecto de ley por el cual las autoridades locales pueden imponer multas de hasta 50 millones de euros a los medios sociales sino eliminan las publicaciones cargadas de odio. Francia, pese a todo, ya prohíbe este tipo de discursos, pero ahora ha decidido establecer un plazo de eliminación. Organizaciones defensoras de internet y la libertad de expresión han cuestionados estas normativas argumentando que se impone la censura. Su argumentación es que no se define «claramente» lo que es contenido prohibido.

Insultos y comentarios racistas proliferan a menudo en las redes sociales. Un campo abierto digital donde muchos usuarios se atacan entre sí. La provocación, en muchas ocasiones, traspasa lo exigible y muchas personas son objetivo de duros ataques continuamente. Francia quiere atajar este problema.

Según la ley aprobada, la responsabilidad de estas publicaciones recaerá sobre Facebook, Twitter y YouTube. Con el objetivo de hacer de Francia el garante de la lucha contra los gigantes estadounidenses, el presidente Emmanuel Macron pretende, además, que el nuevo marco legal pueda detener la propagación de contenido falso en este tipo de servicios.