La burra, es decir, el sufrido pueblo español, no da para seguir manteniendo diecisiete naciones y un estado. Es imposible seguir gastando nuestro dinero en sostener a una casta de políticos parásitos, faltos de formación, incompetentes y que, para más inri, se creen por encima de los demás. Véase sus jubilaciones de privilegio, por ejemplo.

Hemos construido diecisiete naciones dentro del Estado. Un estado de tamaño mediado, ni grande ni pequeño, que podría administrarse con la mitad o menos del funcionario público actualmente existente, y que es de alrededor de cuatro millones de personas, incluyendo laborales, contratados temporales, interinos, empleados de empresas públicas de las diversas administraciones, etc.

Prácticamente todas las autonómicas han seguido e imitado el modelo del estado español: tienen sus gobiernos, parlamentos regionales, defensores del pueblo y tribunales de cuentas, con diversas denominaciones, consejeros, direcciones provinciales… Se ha copiado el modelo estatal y se ha querido construir unas naciones sin estado –por ahora-, pero a imagen y semejanza de un estado.

Y algunas de ellas incluso han abierto oficinas de representación o “embajadas” en Madrid y en capitales extranjeras, aspirando a relacionarse con otros estados en igualdad de condiciones, y aprovechando la ocasión para dar acomodo a sus familiares, amigos y correligionarios, dentro del “cuerpo diplomático”, al igual que hacen los dictadores del tercer mundo con sus embajadas.

Las competencias se duplican, cuando no se triplican. Las mismas funciones son ejercidas simultáneamente por el gobierno central, los autonómicos, las diputaciones provinciales, y hasta los ayuntamientos. Por no hablar de Aragón, donde también tenemos las comarcas, pero eso si, sin que desaparezca institución alguna.

Hemos puesto la carcasa del estado autonómico sobre la estructura de un estado centralista, pero sin hacer modificación alguna en la organización, ni central ni periférica, con lo cual el modelo es todo menos un modelo: chirría, hay puntos de fricción, duplicidad de competencias, falta de entendimiento, etc.

Y, sobre todo, es un sistema inviable económica, social y políticamente. Los costes de funcionamiento de la organización son tan elevados que no permiten gastar dinero en lo verdaderamente necesario: mejorar las infraestructuras, ayudar a los emprendedores que crean empleo, y, sobre todo, reducir la presión fiscal, para que las Administraciones no ahoguen sino que estimulen la actividad económica y empresarial.

Hora es de decir claramente ¡Basta! Así no vamos a ningún sitio. No podemos ni queremos seguir pagando el despilfarro en el que estamos sumidos.

Abogado y escritor.