La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que unos trabajos llevados a cabo supuestamente por los propietarios de la finca para abrir una zanja pudo modificar el cierre del pozo en el que se encuentra atrapado Julen. La confirmación de que los movimientos de tierra afectaron a la prospección ello coincidiría con la versión de Antonio Sánchez, el empresario que realizó la perforación del pozo, quien mantiene que selló el orificio con una piedra y que su actuación fue modificada posteriormente. Los agentes encontraron materiales de construcción en la primera inspección ocular llevada a cabo el domingo por la mañana y constataron que se empleó algún tipo de maquinaria.

No obstante, aunque el responsable del pozo hubiera cerrado el sondeo con una piedra ello no le exime en que su forma de proceder no fue del todo correcta ya que la prospección debería haber sido sellada completamente, según indicaron a Efe fuentes cercanas al caso. Lo que sí parece tener claro la Guardia Civil es que el pozo se construyó anteriormente a la zanja.

En declaraciones a El Confidencial, el pocero defendió que él lo “dejó todo bien” y no “entiende lo que ha pasado”. “Dejé allí 6.000 kilos de tierra que lo han tirado por el lateral. Está todo al revés. Yo no lo hice así”, insiste. Según su testimonio lleva haciendo pozos desde que tenía 20 años. “El de Totalán yo lo tapé y la tierra la han puesto a seis metros”, apostilla al citado periódico, al que argumenta que el dueño de los terrenos “le engañó” y que el permiso que tenía “era de otro pozo”, no para el que cayó.

Tanto para acometer la prospección como para realizar ciertos movimientos de tierra es necesario contar con permisos, pero la Junta de Andalucía ya informó de que no había expedido ninguna autorización para excavar el pozo de más de 100 metros y en ningún departamento de Gobierno autonómico consta que se solicitase las autorizaciones pese a que son obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua.

Con toda la información que los agentes de la Guardia Civil están recabando sobre la titularidad, el tipo de terreno, si era urbanizable y los trabajos de prospección, entre otros, se están haciendo informes para que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Totalán comprueben si se ha cometido alguna falta administrativa.

De haber alguna irregularidad se estaría hablando de “falta administrativa” y no de delito, ya que el tema penal lo lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga y son temas separados e independientes, señalaron a Efe.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, que continuará investigando los hechos, fue el que, tras avisar la familia de que el pequeño había caído al pozo dio parte a la autoridad judicial, quien de inmediato abrió diligencias para investigar las circunstancias que rodeaban al suceso.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha empezado a recibir todas los informes, declaraciones y atestados relacionados con el suceso. Los agentes de la Guardia Civil también han interrogado al dueño de la finca y a otras personas relacionadas con los hechos –incluso se intentó localizar a quienes ayudaron en las primeras horas tras la caída de Julen al pozo–, aunque las fuentes consultadas por Efe no precisaron más datos al respecto ya que el caso está judicializado.