Javier Navascués.- El pasado 27 de diciembre del 2018 se cumplieron 11 años de la entrada en vigor, con su publicación en el BOE Nº 310 (27/12/2007) de la llamada “Ley de la Memoria Histórica” (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) sancionada por S.M. el Rey Juan Carlos. El coronel Lorenzo Fernández Navarro sufrió una sanción disciplinaria por realizar un informe sobre ella. En esta entrevista nos cuenta al detalle todos los pormenores del asunto.

¿Cómo valora las consecuencias que tuvo su informe sobre la Ley de la Memoria Histórica? ¿Piensa que el tiempo le ha dado la razón?

En primer lugar es necesario poner de manifiesto que mi informe era “reservado” es decir, dirigido exclusivamente a mi superior, cauce que permite la disciplina para poner en conocimiento del superior Jerárquico hechos o circunstancias que por su gravedad, y la trascendencia de sus consecuencias, se considera necesario que sean conocidos y valorados por el “Mando”

Sin embargo, parece que el informe fue filtrado a la prensa. ¿No es así?

Efectivamente, así fue. Y además filtrado de forma parcial y sesgada, con claro fin de utilidad política, agitando el fantasma del “ruido de sables” con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo del 2008. Recuerde aquella conversación “of de récord” que un indiscreto micrófono abierto divulgó, y en la cual Iñaqui Gabilondo al final de una entrevista a Zapatero, le preguntaba si les interesaba cierta tensión al final de la campaña electoral. A lo que Zapatero contestó afirmativamente de forma explícita.

¿Qué sanción se le impuso? ¿Tuvo posteriormente consecuencias profesionales?

Se me impuso la sanción disciplinaria de un mes recluido en mi domicilio, “sin perjuicio del servicio”. Es decir, durante treinta días, solamente podía salir del mismo para cumplir la jornada laboral de mis obligaciones en el destino. Todo ello al apreciarse la comisión de la falta leve nº 34 del artículo 7 de la Ley Disciplinaria Militar. Cajón de sastre para encajar una conducta que no aparezca explícitamente tipificada en la Ley. Pero al mismo tiempo se me incoaba un expediente disciplinario por presunta falta grave, que debería llevarme a un establecimiento disciplinario, es decir a la prisión Militar de Alcalá de Henares. Y en cuanto a las consecuencias profesionales por las que me pregunta, fueron la “pérdida del destino” con el gran perjuicio que ello implica -incluido el económico- y posteriormente ser vetado para ocupar un destino en la reserva, lo que multiplicaba el perjuicio que suponía quedar en situación de “disponible” hasta la fecha de pasar a la situación de reserva y prolongándose con ello el “castigo” hasta pasar a la situación de retirado.

¿Cuál fue la razón que le llevó a redactar el informe?

Perdone que insista: Informe Reservado. Mi destino era el de coronel jefe del Campo de Maniobras y Tiro de Santa Cruz de Parga, en Lugo. A lo que unía el cargo de comandante militar de la Coruña y Lugo. Tanto en la comandancia del campo de tiro, como en el edificio del Gobierno Militar de La Coruña, tenía elementos ornamentales que se verían afectados por la iconoclasta y cainita ley 52/2007 como era el caso de un precioso escudo con el Águila de San Juan tallado en piedra berroqueña, situado sobre el dintel de la puerta de la comandancia del campo de tiro. Escudo que con la leyenda “Una, Grande y Libre” había figurado en la bandera de España hasta el 18 de diciembre de 1981 y que sigue figurando -y ennobleciendo su primera página- en la Constitución de 1978, aunque posteriormente haya sido eliminado de la bandera mediante un “plumazo” en forma de Real Decreto. Y tras lo cual, con la entrada en vigor de la infame ley 52/2007, ha sido perseguido con saña. Algo absolutamente inconcebible para un escudo que sigue figurando en la primera página de la vigente Constitución que todos los cargos han jurado respetar y hacer cumplir.

El coronel Lorenzo Fernández Navarro

Entiendo que usted conocía en profundidad la ley 52/2007

Así es. Como ya le he dicho, al haber seguido su tramitación parlamentaria a través de los medios de comunicación social, sabía que su entrada en vigor afectaría a elementos ornamentales que se encontraban en el ámbito de mi responsabilidad. También era consciente de que la mal llamada “ley de la memoria histórica” era un torpedo bajo la línea de flotación, o una bomba de relojería en la santabárbara de la Constitución de 1978 como queda claramente expuesto en el informe reservado que consideré mi obligación elevar al Mando y que le entregaré al final de la entrevista por si considera de interés insertarlo.

¿Puedo hacerlo? ¿No es un informe reservado?

Puede hacerlo si lo considera de interés para sus lectores, puesto que el informe ya está “desclasificado” al haber sido primero “filtrado” parcialmente a la prensa por el Ministerio de Defensa y posteriormente al haber sido recogido en su integridad en una resolución judicial en la que se determinaba la inexistencia de responsabilidad por esa filtración. Resolución judicial cuya finalidad no era otra que dejar impune a la persona o personas responsables de haber filtrado a la prensa un informe clasificado, y que por ello podían haber incurrido en un delito de “revelación de secretos oficiales”

¿Sabe usted quién filtró a la prensa el informe reservado?

Exactamente no, pues como ya le he dicho, la autoridad judicial en lugar de investigarlo, y a pesar de las evidencias que permitían determinarlo, optó por dictaminar que no había responsabilidad en ello. Los responsables militares fueron el JEME Carlos Villar Turrau y el entonces JEMAD Julio Rodríguez Fernández, hoy renegado de la Fuerzas Armadas, marioneta de PODEMOS y “machaca” de Pablo Iglesias. Claro que si tenemos en cuenta el “quo prodest”, sin duda implicaremos a José Luís Rodríguez Zapatero y a la entonces ministro de Defensa Carmen Chacón q.e.p.d. Aunque también hubo quienes les facilitaron las cosas poniéndoles el informe reservado en las manos.

¿Se sintió usted traicionado por sus mandos o por el Ministerio de Defensa?

Mire, ya me han hecho esta pregunta alguna vez y voy a responderle de igual forma: Ni traicionado ni sorprendido. Solo te puede traicionar quien defrauda tu confianza. Nunca el enemigo. Y por ello quiero exponerle estas consideraciones. El 28 de diciembre del 2007 había entrado en vigor la infame, iconoclasta y cainita ley de la memoria histórica. Y el 4 de enero del 2008 llegaba a las unidades un MESINCET (mensaje sin clasificar del Ejército de Tierra) en el que se pedía a todos los jefes de las UCOS (unidades, centros y organismos) que tenían en los edificios de su responsabilidad elementos que se vieran afectados por la ley 52/2007 que hicieran un inventario de los mismos con la finalidad de eliminarlos. Y se daba el plazo de veinte días para que se remitiera el inventario.

Se hacía evidente que la “cúpula militar”, más allá de cumplir una disposición legal, sentía verdadera urgencia, e indisimulada satisfacción, por implementar una ley cuya esencia era la condena del anterior Régimen al que habían jurado lealtad. Como ya le he dicho, la ley 52/2007 es una bomba de relojería que ha estallado en la santabárbara del régimen constitucional de 1978, y o se apaga pronto el incendio provocado, y se reparan sus efectos derogando o modificando sustancialmente la ley, o hará naufragar la nave del Estado Constitucional. El penúltimo capítulo de esa novela negra que se ha comenzado a escribir con la aprobación de ley 52/2007 es la profanación de los restos de Franco. Y que nadie dude que su último capítulo es la proclamación de la tercera república, que como edición corregida y aumentada de la segunda, será “casus belli”. Si es que el sentido común de los españoles no lo evita. Esa advertencia era la esencia de mi informe reservado.

¿Lo dejaba usted así de claro en su informe?

Efectivamente. Primero en la respuesta al mensaje en que se pedía la relación de elementos que habrían de suprimirse en aplicación de la ley, donde yo ponía de manifiesto que el escudo con el Águila de San Juan no debería verse afectado por la ley 52/2007 pues había sido el escudo oficial del Estado Español desde el 2 de febrero de 1938 hasta el 19 de diciembre de 1981 y como tal había sido reconocido y respetado, no sólo por los españoles, sino también por toda la comunidad internacional. A su amparo, y durante su vigencia legal, había tenido lugar el nombramiento de S. M. Juan Carlos I como Rey de España y Jefe del Estado, así como también había tenido lugar el proceso constituyente y la promulgación de la vigente Constitución de 1978, por lo que no podía considerarse ni “inconstitucional” ni “preconstitucional”, ya que la Constitución, no sólo no lo había suprimido, sino que había coexistido con ese Escudo durante tres años. Por ello en ningún caso el escudo con el Águila de San Juan podía considerarse afectado por el artículo 15 de la ley 52/2007 que disponía “la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” pues el que había sido el Escudo Oficial de la España Una, Grande y libre, aunque hubiera dejado de serlo, era un elemento ornamental acreedor de respeto por su carácter histórico. Al final añadía: “estas consideraciones se ampliarán con otras que, dada su naturaleza, serán remitidas mediante correo oficial con clasificación de RESERVADO de acuerdo con lo establecido en la IG 8/89

Ciertamente sorprende que un escudo que figura en la primera página de la vigente Carta Magna, sea perseguido. ¿Qué justificación o explicación puede tener?

Justificación ninguna. La explicación se la voy a dar. No fue un olvido que en la Constitución de 1978 se definiera la bandera de España pero no su escudo. Fue a propio intento, para cambiarlo en cuanto se pudiera, de igual forma que en el Artículo 2, tras proclamar que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” se reconocían las “nacionalidades”. Todo ello fueron argucias de unos auténticos “trileros” de la política, para dejar la puerta abierta en un futuro a los designios ocultos que no se atrevían a plantear abiertamente.

No cabe duda de que si al iniciarse la “Transición” se hubiera explicado lealmente al pueblo español lo que se pretendía, cuál era su verdadero objetivo, y que no se trataba de una “reforma política” como se le dijo, sino una “ruptura”. Simple y llanamente la demolición desde sus cimientos de la España Una, Grande y Libre, y que se iba a cambiar el escudo de la bandera de España (lo que mantuvieron oculto y no se atrevieron ni a plantear en la Constitución) para finalmente perseguirlo y demonizar a Franco como hace la infame ley 52/2007, el resultado de la consulta popular hubiera sido un “No” rotundo a la Reforma Política, a la Constitución e incluso a la Monarquía.

Este mismo problema se les planteó también a los promotores de la ley 52/2007 que buscaban proscribir el régimen de Franco como se pone de manifiesto comparando el texto del Proyecto de Ley, con la Ley que finalmente se aprobó.

En el proyecto de ley, en su artículo 17 Símbolos y monumentos públicos, se dispone claramente la retirada del “Escudo que se identifica con el régimen instaurado en España al término de la Guerra Civil”

Pero en cambio, al aprobar la ley, en el artículo 15 y con el mismo título que en el proyecto, se suprime esta referencia concreta al escudo que se identifica con el Régimen, y se sustituye por una prolija “gaseosa” en forma de circunloquio, para decir lo que no era posible decir abiertamente.

Y así quedó redactado el artículo 15 en los siguientes términos: “Retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”

La cosa no es baladí y pone de manifiesto que los promotores de la ley fueron muy conscientes del escollo que tenían que orillar. En efecto, con la redacción dada en el proyecto de ley, al declarar ilegal el escudo del anterior régimen y exigir por ello su retirada, dinamitaban toda la transición, pues era tato como declarar ilegal el régimen de Franco. Algo que esencialmente era lo buscado, pero que no podía establecerse en una ley. Pues entonces era ilegal la Ley de la Reforma Política, la Constitución, la Monarquía e incluso la propia Ley 52/2007 que se pretendía aprobar. Y en definitiva quedaba fuera de la Ley toda la estructura política que había surgido del régimen de Franco por transformación legal -el famoso de la ley a la ley- fundamento de la Transición y de la actual Régimen político. El problema era ciertamente de enorme magnitud. ¿Cómo resolverlo? La solución era fácil, al igual que se había hecho en la Constitución. Dar a la ley una redacción lo suficientemente ambigua como para que luego, en su aplicación, se pudiera hacer torticeramente lo que la ley no disponía…. porque no podía disponerlo, sin que se viniera abajo todo el edificio de la Transición.

Al principio de la entrevista usted ha dado a entender que alguien puso su informe reservado en manos del JEME y del JEMAD Julio Rodríguez: ¿Puede ser más explícito? ¿Fue acaso el mando que le sancionó?

No. La sanción me la impuso, como superior Jerárquico, mi mando directo. El general de División Ángel Guinea Cabezas de Herrera, porque así se lo exigió el JEME Carlos Villar Turrau cuando tuvo conocimiento del informe reservado. El general Guinea tenía el informe desde hacía veinte días, sin que hubiera tomado ninguna providencia. Algo lógico por tratarse de un informe reservado elevado a su autoridad sobre un asunto del servicio. De haber considerado que había motivo para imponer una sanción, sin duda lo hubiera hecho el día diez u once de enero -en cuanto recibió el escrito fechado el día 9- tal como dispone el Régimen Disciplinario cuando un superior tiene conocimiento de la comisión de una falta por un subordinado. Sin embargo no fue hasta el día 1 de febrero, veinte días después, cuando hallándose en la Academia de Artillería de Segovia, le llamó indignado el JEME Carlos Villar Turrau, ordenándole que me sancionara. El General Guinea pudo haber aducido al JEME que, no habiéndolo hecho hasta la fecha al considerar que no había motivo para ello, no podía hacerlo ahora veinte días después. Pero que si lo consideraba oportuno, me sancionara él, pues tenía potestad para ello. Pero no obró así, me impuso la sanción que este le exigía. Es preciso decir que estaba pendiente de retornar a una “canonjía” en EE.UU de la que había estado disfrutado hasta hacerse cargo de la SUIGE-4 en Valladolid y tal respuesta podría malograrlo.

He de decir no obstante que el informe reservado no llegó a manos del JEME, ni por el general Guinea, ni por el IGE el TG Torres desde Barcelona, sino que fue llevado a Madrid por el TG Yagüe Martínez del Campo desde La Coruña, una vez que lo conoció “oficialmente” pues tuvo el temor de que pudiera llegar a manos del JEME y se le exigieran responsabilidades por no haber informado. Decir finalmente que el JEME ordenó la iniciación de otro expediente disciplinario, ahora por la posible comisión de una falta grave, que debería llevarme a prisión militar. No fue así porque el juez instructor del expediente, obrando en conciencia, y aún sabiendo que el deseo del JEME -y del JEMAD Julio Rodríguez- era que se me sancionara con mayor severidad, lo resolvió determinando que no había cometido un acto de indisciplina y concluyendo por ello que “no se derivaba responsabilidad disciplinaria comprendida en el art.8.18 de la LORDFAS” Es decir, no apreciaba la comisión de una falta grave de las tipificadas en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Fuerzas Armadas. Cabría decir que, si no había cometido un acto de indisciplina al elevar al Mando un informe reservado sobre un asunto del servicio que me concernía, y por ello el juez instructor no apreciaba la comisión de falta grave, tampoco debió apreciarse la falta leve, y en consecuencia no debí ser sancionado. Quiero hacer patente que el juez instructor que resolvió en conciencia lo que consideró justo, fue el general Carlos Blond Álvarez del Manzano. Y lo hizo así, aún sabiendo que el deseo del JEME y del JEMAD era que apreciara la comisión de una falta grave, y que en consecuencia cumpliera otra sanción en la prisión militar de Alcalá de Henares para la que me serviría de “abono” el tiempo pasado en arresto domiciliario.

Según he creído entender en su anterior explicación, quien hizo llegar el informe reservado al JEME fue el general Yagüe, desde La Coruña ¿Es así?

Efectivamente. Y esta diligencia del teniente general Yagüe poniendo en conocimiento del JEME el contenido del informe reservado, le fue recompensada con una puñalada trapera en la espalda, pues la filtración a la prensa se hizo desde Madrid, pero en primer lugar a la “Voz de Galicia” y al día siguiente al PAÍS y al ABC como si se “hicieran eco” de la noticia aparecida en La Voz de Galicia. En días sucesivos también se “pasó la noticia” al resto de la prensa nacional. Esta argucia de hacer la primera filtración al diario “La Voz de Galicia” indignó al general Yagüe, pues ponía en evidencia que su objetivo no era otro que encubrir el origen de la filtración del documento desde Madrid -por el JEME o por el MINISDEF- dando con ello a entender que la filtración tenía su origen en La Coruña.

Esta labor de intoxicación pone en evidencia que fue un plan perfectamente urdido dentro de lo que bien pudieron haber llamado “operación ruido de sables” y mediante la cual el JEME, el MINISDEF o ambos, pretendían encubrir la acción ilegal de divulgar un documento militar clasificado con la finalidad favorecer los espurios intereses políticos del PSOE, partido en el Gobierno, de cara a las cercanas elecciones generales. El TG Yagüe había llevado el informe a Madrid para “curarse en salud” pero no para que se filtrara a la prensa. Y para más “inri” se había pretendido encubrir la acción ilegal aparentando que su origen estaba en La Coruña, lo que era tanto como desviar la responsabilidad al TG Yagüe por la filtración de un documento clasificado. Nada pues tiene de extraño su indignación.

¿En que se motivó la imposición del correctivo?

Esencialmente que “en el informe se combinaba una crítica partidista de su finalidad y contenido, con una información al Mando falta de objetividad, templanza y mesura” A lo que en mi recurso alegué que el informe no podía ser considerado “partidista” puesto que no hacía referencia a ningún partido político; cabría en todo caso considerarlo “partidario” en cuanto puede inferirse que en el fondo del mismo subyace una defensa del General Franco y de su obra, algo que no debe ser considerado grave cargo contra un soldado que lo tuvo por jefe, cuyo primer despacho de oficial está firmado por su autoridad; y mucho menos debería ser sancionado por un Mando al que alcanzan iguales vínculos”. Obviamente el recurso no fue estimado. Tampoco yo lo pretendía. Aunque sí, como se hace evidente en el último razonamiento expuesto, “remover las conciencias” de quienes, con mansedumbre inaudita, callaban ante la venalidad de una ley que además de afrentar a cuantos habíamos Jurado Bandera antes de 1975, era un torpedo bajo la línea de flotación del “Régimen Constitucional”. ¿Conseguí mi propósito?…. probablemente sí en alguna conciencia. Evidentemente no en los carentes de ella. En flojos, falsos o traidores, como es el caso de Julio Rodríguez, el “machaca” podemita de Pablo Iglesias.

¿Quiere añadir algo más?

Sí. Dejar claro que cuando entró en vigor la infame ley 52/2007 el JEME era Carlos Villar Turrau. Recientemente en un medio digital se decía que quien me había “arrestado” por el informe había sido el teniente general Fulgencio Coll Bucher. Esto es absolutamente falso y tengo el mayor interés en desmentirlo. Aunque ya dejé un comentario a la noticia en el medio digital que lo publicaba, deshaciendo el equívoco, quiero hacerlo nuevamente en El Diario de Madrid por si alguien se encuentra en el mismo error. El TG Fulgencio Coll accedió al cargo de JEME con posterioridad a los hechos y a la sanción disciplinaria. Y precisamente, gracias a él, las disposiciones iconoclastas de la nefanda ley 52/2007 no se materializaron en el Ejército hasta agotarse el plazo señalado para ello a finales del 2008. Además, en lugar de proceder a la destrucción de los elementos proscritos por la ley, como se ha hecho en muchos monumentos de organismos dependientes de otros ministerios, fueron cubiertos por reproducciones del escudo actualmente vigente.

Quiero resaltar también el hecho de que el escudo que actualmente figura en la Bandera de España tiene su origen legal, no debemos olvidarlo, en la aprobación y sanción de la Ley 33/1981de 5 de octubre, estableciéndose su uso por el Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre. Y como ambas normas son de rango inferior a la Constitución, pueden ser modificadas fácilmente. Pues mediante nueva ley aprobada por algún Gobierno, se puede restituir sobre la bandera de España que define el Art. 4-1 de la Constitución, el escudo con el Águila de San Juan vigente en el momento de entrar en vigor la Carta Magna. Escudo que figura en su primera página y que fue el Escudo Constitucional de España durante tres años. Por ello es de la mayor importancia que el TG Coll Bucher evitara la irreparable destrucción de unos elementos artísticos que un día, cuando cese la persecución iconoclasta que sobre ellos ha impuesto la infame Ley 52/2007, vuelvan a ser un vestigio histórico digno del mayor respeto. O incluso vuelva a ser el escudo oficial de España.

Gracias a la valiente disposición del TG Coll Bucher, se cumplió la imposición política de hacer desaparecer el escudo con el Águila de San Juan, pero evitando la “talibanada” de su destrucción como se pretendía. Acción irreversible que ha tenido lugar en otros muchos edificios y monumentos no pertenecientes al Ejército. Esto es de justicia que se sepa. O dicho en términos del prefacio litúrgico: Es justo y necesario.

Finalmente considero de posible interés para los lectores del Correo de Madrid, que conozcan en su integridad el Informe Reservado que dio lugar a la sanción disciplinaria. En él ya advertía al Mando, por el conducto que establece la disciplina, de las consecuencias que tendría la infame ley “de la memoria histórica”. Y el tiempo me ha dado la razón.

¿Fue precisamente el hecho de que pusiera al descubierto cual era el objetivo de la ley, y que consecuencias tendría, lo que indignó al hoy “podemita” Julio Rodríguez, a Carmen Chacón y a Rodríguez Zapatero? Muy posiblemente. Pero en cualquier caso yo cumplí con mi obligación advirtiendo al mando sobre ello.

Por tal motivo, ni me arrepiento de haber elevado el informe, ni me lamento por sus consecuencias.

Cuando en cierta ocasión un general me dijo que tenía toda la razón del mundo en cuanto se decía en el informe, que nunca se debió filtrar a la prensa, y que tampoco debí ser sancionado por ello, añadiendo que “no me hiciera mala sangre” le respondí: Tengo la conciencia muy tranquila mi general. He querido irme del ejército dando testimonio de mis lealtades. Y estoy agradecido al mando porque me haya dado ocasión de ello.

Ahora pueden leerse multitud de declaraciones en donde se ponen de manifiesto las mismas consideraciones sobre las que yo quise alertar a mis superiores. Basta con leer el informe para corroborarlo.

INFORME RESERVADO

En relación con los mensajes COMIL CORUÑA, Rfa. SECRETARIA Nº 08201942342 de 07/01/2008 y JECAMPO PARGA Rfa. SECRETARÍA Nº 009 G-3 HISTORIALES de 08/01/2008 relativos a la Ley 52/2007, se eleva al Mando las siguientes consideraciones:

De la lectura y análisis de la Ley 52/2007 se desprende que, a pesar del prolijo circunloquio establecido en su Exposición de Motivos, la eliminación de cualquier símbolo que represente la legalidad del Estado Español antes de la promulgación de la Constitución de 1978, poco o nada tiene que ver con una “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”

Tampoco pretende -como proclama- la reconciliación entre los españoles, pues trata de establecer con rango de ley, quién eran los “buenos” y quién los “malos” y por ello no promueve la coexistencia de símbolos -que ya la hay- sino la supresión de los símbolos de los “malos” excepto cuando su retirada no sea posible en la que se exige el acompañamiento.

Toda la letra y el espíritu de la Ley 52/2007 trata de establecer el principio de que la única legalidad institucional es la anterior al 18 de Julio de 1936.

Sin entrar en detalle de tamaña falacia, conviene recordar que la proclamación de la Segunda República fue enteramente ilegal.

Ilegal o alegal en su inicio, pues las elecciones que dieron paso al cambio de Régimen, eran municipales, para determinar la composición de las Corporaciones Locales, no un plebiscito para determinar la forma del Gobierno de la Nación, ello además de que la proclamación de la Segunda República tuvo lugar antes de finalizar el escrutinio y sin tener en cuenta sus resultados, por lo que no fue otra cosa que un Golpe de Estado Civil. Y en cuanto a cualquier vestigio de legalidad de ejercicio, desapareció el 11 de Mayo, antes de haber transcurrido un mes de su proclamación.

El espíritu de la Ley 52/2007 de negar cualquier legalidad que no proceda de la Segunda República, es tan evidente que se encuentra por doquier, como es el caso de que tras proclamar que pretende “suprimir elementos de división entre los ciudadanos para fomentar la cohesión y solidaridad” establece el “reconocimiento singularizado de los integrantes de las Brigadas Internacionales” sin hacer lo propio con los voluntarios extranjeros en el otro bando.

En definitiva, el espíritu y la letra de la tantas veces citada Ley 52/2007 no es otro que el dejar sentada la base de que no hay otra legalidad que la -según el legislador- Republicana, interrumpida el 18 de Julio de 1936 y por ello, aunque formalmente cite a la Constitución de 1978 y sus valores democráticos, como referencia temporal para establecer el final de la “dictadura”, en la práctica niega la legalidad de S.M. el Rey, tanto si se considera la Monarquía “Instaurada” como “Restaurada” y desde luego pone también en entredicho a la Constitución de 1978 en cuanto fija la forma del Estado, porque tanto si la monarquía fue instaurada por Franco, como si fue restaurada recogiendo su propia legitimidad dinástica, ha obviado la legalidad “anterior al 18 de Julio” pretendida por la Ley 52/2007.

Lo expuesto tiene suficiente gravedad como para que cada Escalón de Mando, en el ejercicio de sus responsabilidades, CUMPLIENDO Y HACIENDO CUMPLIR LA LEY, pero utilizando cuantas posibilidades deje la misma, procure la permanencia de uso símbolos que además de formar parte de la auténtica MEMORIA HISTÓRICA, son, se quiera o no, matriz del actual Ordenamiento Constitucional.

Además no debe olvidarse que, llegado el momento, la Historia de España volvería a escuchar las palabras del Senado Romano a los asesinos del otro caudillo Viriato.