El Gobierno lleva al TC la reprobación del ‘Parlament’ al Rey sin el apoyo del Consejo de Estado
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce “idóneo”.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por “sentido de Estado”, ya que entiende que la resolución del Parlament es “inconstitucional” y que, en todo caso, “respeta” la resolución del Consejo de Estado.
El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque “supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República”.
Considera además que su “intento de abolición de la monarquía” y su “atraque injustificado al Rey” es inadmisible y representa una “extralimitación de sus funciones”.
El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es “netamente política, no jurídica” y señala que ese tipo de mociones parlamentarias “no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos”.
Celaá ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un “grave atentado al principio de lealtad institucional” y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una “total falta de respeto” a la más alta magistratura del Estado.
El Ejecutivo tiene la “convicción” de que la resolución del Parlamet del 11 de octubre debe de ser recurrida ante el TC, ha explicado al ministra, “no porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria en una Cámara autonómica”.
Por eso, agradece el trabajo del Consejo de Estado y respeta su dictamen, pero no comparte en su totalidad su argumentación jurídica e interpondrá “en breve plazo” recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución.
El órgano consultivo ha concluido que dichas resoluciones del Parlamento de Cataluña “no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución”, pero tal y como recuerda el Gobierno este dictamen es preceptivo pero no vinculante.
