José Manuel Otero Lastres.- Vivir en paz, poder pensar y expresarse libremente, tener una instrucción suficiente, gozar de un nivel sanitario adecuado, disponer de una justicia rápida y eficaz, tener un trabajo aceptablemente remunerado y habitar en una vivienda digna, son los principales problemas que aspiran a tener satisfactoriamente resueltos los ciudadanos de un país desarrollado. Y, sin embargo, incluso en las sociedades más avanzadas del primer mundo, buena parte de ellos no han sido resueltos, al menos para la generalidad de la ciudadanía, tal vez porque es muy probable que sean de casi imposible solución.

Pero si lo que antecede es cierto también lo es que el modelo político-económico que más se ha acercado a una solución aceptable de estos problemas es el que denominado “Estado del Bienestar”, que comenzó a desarrollarse en Europa después de la Segunda Guerra mundial y que, en lo que a España se refiere, aparece reflejado en numerosos preceptos de nuestra Constitución de 1978.

Entre tales normas cabe recordar ahora el artículo 1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; el artículo 40 que dispone los poderes públicos promoverán el progreso económico y social, así como una distribución de la renta más equitativa; y el artículo 128 que dispone que toda la riqueza de país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Pero nuestra Carta Magna no se queda en eso, prevé también a quién corresponde soportar los gastos de ese Estado social: todos, de acuerdo con nuestra capacidad económica tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1); y –lo que todavía es más importante- obliga a que el gasto público suponga una asignación equitativa de los recursos públicos de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía (art. 31.2).

En los últimos años, sin embargo, nuestro Estado del Bienestar, que no es un concepto individual sino de país, sufrió una crisis muy profunda que empobreció severamente a las clases con menos poder económico. Hasta tal extremo fue dura la crisis que España estuvo de ser objeto de un rescate por la ya olvidada troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional).

Ni que decir tiene que las serias dificultades que asediaban al Estado del Bienestar exigieron un gran sacrificio de la ciudadanía, aunque los que más apoyaron el hombro fueron curiosamente no los que más tenían sino aquellos a los que resultaba más fácil reducirle los ingresos (los ciudadanos con nómina).

Por fortuna, la amenaza del rescate pasó, y las cosas fueron mejorando hasta un punto en el que, en términos macroeconómicos, llegamos a situarnos en las cifras inmediatamente anteriores a la crisis.

Y no creo equivocarme mucho si digo que estábamos a punto de entrar en un tiempo en el que se requería que dieran un paso al frente los políticos más capaces y con la valentía suficiente como para defender, sin demagogias sensibleras, lo que habíamos construido con tanto esfuerzo gracias a nuestras políticas sociales inspiradas en los principios de igualdad y progresividad.

Desgraciadamente, haciendo uso del instrumento de la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución, los diputados que representan la mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados nos han arrojado en manos de la “ineptocracia”, que como ya he escrito en entradas anteriores de mi blog, es el poder de los ineptos o incapaces y que ha sido definida como el sistema de gobierno en el que los menos capaces de gobernar son elegidos por los menos capaces de producir y en el que los otros miembros de la sociedad menos aptos para procurarse su sustento son obsequiados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y la riqueza de unos productores en número descendente.

En la moción de censura, la mayoría parlamentaria, integrada por los menos capaces de producir, eligió presidente del gobierno al menos capaz de gobernar y, desde entonces, los miembros menos aptos de la sociedad para procurarse su propio sustento están siendo obsequiados por un gobierno dadivoso y despilfarrador con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo de los cada vez más menguantes creadores de riqueza.

Por eso, y además de todo lo que he escrito últimamente sobre el peligro de la “ineptocracia” que nos gobierna, añado ahora que, si le damos tiempo, conseguirá deteriorar seriamente el Estado de Bienestar que habíamos empezado a reconstruir los españoles tras no pocos sacrificios.