La familia Franco ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si sigue adelante con la exhumación de los restos del exjefe del Estado, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de “profanación de sepultura”.

Así figura en un comunicado que la Fundación Nacional Francisco Franco remitió, vía burofax, a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación, según ha informado eldiario.es y han confirmado a Efe la fundación y la familia Franco.

“Ponemos en su conocimiento por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad”, advierte la notificación oficial remitida al Ejecutivo.

Por ese motivo, la Fundación advierte de que la exhumación podría ser constitutiva “de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979”.

La familia de Franco advirtió de que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales del exmandatario.

Lo hizo el mismo día en el que el BOE publicó el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Memoria Histórica para establecer que el Valle de los Caídos será un “lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas” de la Guerra Civil donde “solo podrán yacer los restos mortales” de los fallecidos en la contienda.

El texto declara “de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales” de Franco.

El Ejecutivo pondrá en marcha mañana el procedimiento para la exhumación, con la aprobación de un acuerdo de incoación, que designará un órgano instructor y dará 15 días a la familia para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como para comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.