Al menos una veintena de familias españolas, la mayoría formada por funcionarios, están atrapadas en Ucrania con sus bebés nacidos en este país por gestación subrogada por la negativa de las autoridades consulares de España a tramitar la inscripción en el registro civil de los recién nacidos.

Andrés y Silvia (nombres ficticios) llegaron a Kiev a principios del pasado mes de julio, cuando nació su bebé, y aunque la agencia intermediaria que se encargó de gestionar el contrato con la madre biológica del pequeño les avisó de la decisión del consulado español, creyeron que sería algo temporal.

“Sonaba a algo temporal, pero ya han pasado casi dos meses desde que dejaron de hacer las pruebas de ADN” por las que se acreditaba que el varón solicitante era el padre biológico del bebé, procedimiento que abría la puerta a la concesión de la nacionalidad española del niño, explicó Andrés.

El Consulado de España dejó de tramitar la documentación de los bebés nacidos por gestación subrogada el pasado 5 de julio, con el pretexto de que las pruebas de paternidad violan la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea (UE), en vigor desde mayo pasado.

Las autoridades españolas argumentan que el ADN es un material sensible que no puede ser tomado de acuerdo a la nueva normativa europea.

“Es una excusa que han puesto para dejar de hacer las tramitaciones por motivos políticos e ideológicos. La ley la aplican todos los países europeos, pero vemos aquí parejas de Italia, de Alemania, de Portugal que no tienen ningún problema con sus consulados y se llevan a sus hijos”, señala Silvia.

La pareja ya lleva casi dos meses en un hotel en las afueras de Kiev y seguirán en Ucrania al menos hasta finales de octubre, que es la fecha en la que han obtenido cita del Consulado para solicitar la documentación para su bebé.

“De todas formas, lo que nos dicen en la Embajada es que lo normal es que nos denieguen la inscripción en el registro civil. En octubre ya nos habrá vencido el visado de turista por el que hemos entrado y tendremos que salir del país”, se queja Andrés.

Y aunque en teoría podrán volver a entrar al día siguiente, están preocupados, porque no saben con quién dejar al pequeño.

“Nos sentimos muy desamparados por el Estado español. Es posible que tener un niño no sea un derecho, pero sí es un derecho nacionalizar al hijo de unos padres españoles. Lo único que le pedimos al Estado español es que cumpla con sus obligaciones”, agrega Silvia.

En diciembre pasado, España desaconsejó formalmente a las parejas que buscan tener un hijo por gestación subrogada viajar con este propósito a Ucrania, un país que se está consolidando como destino frecuente en busca de los llamados “vientres de alquiler”.

Ucrania es uno de los pocos países de Europa donde este método reproductivo está regulado por ley y permitido para extranjeros.

La embajada de España en Kiev advirtió en diciembre que esta práctica no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español.

Si las familias que están ahora en Kiev no logran tramitar la nacionalidad española para sus hijos, la única alternativa que les quedará será obtener la ciudadanía ucraniana para los bebés y llevarles a España con un visado.

“Luego, la justicia decidirá sobre la posibilidad de legalizar su situación en nuestro país”, explica Silvia.

Cada vez son más las parejas extranjeras que acuden en busca de una gestante ucraniana por el precio menos costoso del proceso en el país eslavo en comparación con otros, como Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá, donde el procedimiento también es legal.