El Ministerio de Justicia no pagará «en ningún caso» la defensa del magistrado del Tribunal Supremo «por los actos privados que se le atribuyen». Así lo especificó ayer el departamento, que encabeza Dolores Delgado, después de que el expresidente catalán, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers se refieran en su demanda a las manifestaciones que Llarena habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. Ante una pregunta, afirmó que Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern en prisión «no son presos políticos».
Según la demanda, el magistrado habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles. Por ello solicitan, como recoge Ep, ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.

La respuesta del Gobierno es consecuencia del amparo concedido hace una semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del «procés». Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica». España se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles «si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el expresidente y cuatro exconsellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos».

Añade que la causa penal que se sustancia en el Tribunal Supremo por el «procés» independentista está sometida «de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española». Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará «en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción».

Comentarios privados

La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, «puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función».

En lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría, según explica el Ministerio en una nota, «una vulneración del principio «acta iure imperii», en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país».

La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional.

Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y los exconsellers del Govern Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que le acusan ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre, si bien dicha citación no fue notificada por decisión del que fuera juez decano de Madrid, Antonio Viejo, actualmente secretario general de Justicia. Llarena no acudirá a Bruselas.