Las imágenes de televisión son algo engañosas. Muestran ante todo a inmigrantes subsaharianos desembarcando en las costas de Andalucía. La mayoría relativa de los que llegan son, sin embargo, blancos. Son marroquíes. Es así por segundo año consecutivo. De los irregulares que han desembarcado en España hasta el 15 de julio, el 17% son originarios de Marruecos, según el Ministerio del Interior. En 2017 ese porcentaje alcanzó incluso el 19,05%.

El resto de reparte entre ciudadanos de Guinea-Conakry, Mali, Costa de Marfil, Gambia y otros muchos países subsaharianos, un buen puñado de argelinos, y algún que otro árabe originario de Oriente Próximo, sobre todo sirios.

Desde mediados de junio llegan de media unos 220 al día. Este lunes, un día rutinario para Salvamento Marítimo, fueron auxiliados 292. El pasado fin de semana, con más 1.200 rescatados en el Estrecho y el mar de Alborán, fue el segundo peor del año en curso después del de mediados de junio en el que fueron 1.400. Este último coincidió con el atraque en Valencia del barco “Aquarius”, con sus 629 náufragos salvados de las aguas del Canal de Sicilia.

El 15 de julio eran ya 19.997 los que habían logrado poner pie en España, según Interior. Una semana después superan los 22.000. Son 4.000 más que en Italia. “(…) poco más del 35% de todos los inmigrantes irregulares del Mediterráneo han llegado a través de la ruta del Mediterráneo Occidental [Magreb-España] cuyo volumen de migración casi se ha triplicado con respecto al registro a esta altura del año pasado”, advirtió el 17 de julio la Organización Internacional de Migraciones (OIM), una agencia de Naciones Unidas. “España es ahora el destino más buscado en el Mediterráneo por los inmigrantes irregulares que viajan por mar”, señaló Ana Dodevska, representante de la OIM en Madrid.

El primer aviso lo había dado, el 10 de julio, Fabrice Leggeri, director de Frontex, la agencia que se encarga del control fronterizo. “Si me preguntan cuál es mi mayor preocupación en este momento, diría que es España”, declaró al diario alemán “Die Welt”. Frontex no opera, sin embargo, en el Estrecho ni en Alborán porque las autoridades españolas no se lo han pedido, probablemente para no incomodar a Marruecos. Tampoco se ha desplegado en Ceuta y Melilla.

Los temores de Fabrice Leggeri y de Ana Dodevska no son, aparentemente, compartidos por el Gobierno español, que guarda silencio desde hace tres semanas. Los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiaron el 28 de junio en Rabat la cooperación de Marruecos en la lucha contra la inmigración. Resignado, el jefe de la diplomacia española vaticinó, sin embargo, entonces que “seguirán aumentando las pateras”.

Menos a Italia, más a España

Ese auge se debe, en buena medida, al paulatino cierre de la ruta del Mediterráneo Central, sobre todo entre Libia e Italia. Este país acogió hasta el lunes 23 de julio a 17.981 “sin papeles”, un 86,5% menos que en el mismo periodo de 2017. La mayoría procedían de Libia, un Estado semi fallido. La clausura de esta vía incrementa la presión sobre Marruecos, pero no es esa la única explicación del masivo desembarco en España.

Los esfuerzos de las autoridades de Rabat por acabar con la revuelta del Rif, en la primavera y el verano de 2017, distrajeron la atención de las fuerzas de seguridad marroquíes del control de sus costas. Ese descuido perdura, quizás con intencionalidad política, a día de hoy. Basta con ver algunos vídeos autentificados que circulan por las redes sociales en los que se ve a subsaharianos echarse al mar, no de noche y en calas recónditas, sino a plena luz del sol y en playas concurridas.

Desde una perspectiva española es doblemente inquietante que los marroquíes vuelvan ahora, como hace una década, a ser mayoría entre los inmigrantes irregulares. Revela que pese al sostenido crecimiento económico de Marruecos estos últimos años, su juventud sigue empeñada en emigrar. No hay trabajo y el país, o por lo menos su periferia, regiones como el Rif y Jerada, viven conflictos que les empujan buscarse la vida en Europa.

El segundo motivo de inquietud es que, a diferencia de los subsaharianos, que Rabat no readmite, los marroquíes rescatados intentan a toda costa no ser atrapados por las fuerzas de seguridad españolas porque saben que pueden ser fácilmente devueltos a su país. Es probable que el número de los que realmente desembarcan en España sea más alto que el que contabiliza Interior. Una investigación de la agencia EFE señalaba el mes pasado que el número de irregulares marroquíes en España ascendía a 250.000, a los que hay que añadir unos 773.000 empadronados.

Si a las costas andaluzas llega una oleada sin precedentes de “sin papeles”, las de Canarias padecen ahora un goteo más intenso que estos últimos años. Procedentes de Mauritania y de Senegal, allí han desembarcado en lo que va de año 454 irregulares, un 302% más que en el mismo periodo de 2017. La cifra es muy manejable, pero adquiere tintes algo preocupantes si se combina con la lista de travesías de senegaleses hacia el archipiélago abortadas este último mes por la Marina y la Gendarmería mauritanas.

“Hay más salidas hacia Canarias, pero es aún demasiado pronto para hablar de una reapertura de la ruta”, declaró Florence Kim, portavoz de la OIM, a una publicación especializada en migraciones. “Puede empezar a haber un movimiento de inmigrantes” rumbo al archipiélago, señaló Fernando Clavijo, el presidente canario.

Fondos para Mauritania y Senegal

En 2006, el peor año de la reciente historia migratoria de España, en Canarias desembarcaron 31.836 indocumentados en lo que se llamó la “crisis de los cayucos” porque algunos de ellos navegaron en esas embarcaciones. El Gobierno socialista español puso entonces a punto un sistema para sellar a cal y canto las costas de África Occidental. Consiste, según David R. Vidal, excolaborador del Centro Nacional de Inteligencia en la zona, en “meter en nómina a un país entero, empezando por sus fuerzas de seguridad, es decir que los funcionarios reciban indirectamente un sobresueldo del Estado español” para impedir las salidas de “sin papeles”.

Parte del dinero de la cooperación, unos 14 millones de euros anuales, se destina en realidad a esas gratificaciones no solo en Mauritania sino en Senegal, aunque también se reparten generosamente visados Schengen de larga duración para que los dignatarios de ambos países puedan viajar a Europa. El sistema ha funcionado a plena satisfacción de todos excepto del Tribunal de Cuentas español, que en un par de ocasiones se ha quejado de la falta de documentos justificativos de los pagos y de la dudosa fiabilidad de los que se le entregan.

La única buena noticia en materia migratoria concerniente a España fue la que dio el viernes pasado Francisco Rodríguez, jefe superior de Policía de Melilla. Anunció que el número de menores que se cuelan por la frontera con Marruecos “va a la baja desde junio”. Aun así hay hoy en día en la ciudad unos 750 menores, la mayoría marroquíes, de los que el 80% se hospedan en centro de acogida y unos 150 malviven en la calle por voluntad propia.

La buena noticia completa hubiese sido que, como sucedió en París la semana pasada, media docena de policías y trabajadores sociales marroquíes hubiese viajado a Melilla para identificar a esos menores y tratar de repatriarlos en cumplimiento del acuerdo bilateral firmado entre ambos países y que no se cumple. Seguirá sin cumplirse y menos en Melilla porque las autoridades de Marruecos no reconocen la soberanía española sobre la ciudad. Muchos de los chavales de la calle de París, Marsella o incluso Estocolmo transitaron por Melilla y, pese a la vigilancia en el puerto, lograron introducirse en algún ferry para dar el salto a Europa. Sería más fácil devolverles a Marruecos desde la fronteriza Melilla que desde la capital francesa.

(El Confidencial)