El presidente-títere catalán, Quim Torra, ha nombrado miembros de su nuevo Govern a dos exconsejeros en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín y Lluís Puig, desoyendo las advertencias del Gobierno.

Torra ha firmado este mediodía el decreto que estructura los ámbitos del Govern y el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo catalán, quienes, según ha informado la Generalitat, tomarán posesión del cargo el miércoles 23 de mayo.

En su compromiso de “restituir” a los consejeros cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Torra ha nombrado al frente de sus anteriores responsabilidades a Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Lluís Puig (Cultura) y al republicano Antoni Comín (Salud).

Pere Aragonès, nuevo hombre fuerte de ERC, ha sido nombrado vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda, asumiendo el mismo rol que ejerció Oriol Junqueras en el anterior Govern y Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont, será la portavoz del Govern y consellera de Empresa y Conocimient.

Por su parte, Ernest Maragall, quien fuera conseller del PSC y que desde el 1 de mayo es militante de ERC, es el nuevo consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Los otros consejeros de Esquerra serán, además de Comín, Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), Teresa Jordà (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) y Josep Bargalló, que al frente de Educación repetirá el cargo que ejerció unos meses durante el Tripartito de izquierdas.

Completan los consejeros de JxCat, junto a Turull, Rull, Puig y Artadi, Miquel Buch -expresidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM)- que asume Interior, y Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, departamento de nueva creación que sustituye a la Consejería de Gobernación.

La designación de los cuatro exconsejeros en prisión preventiva o huidos en Bélgica supone un desafío al Ejecutivo central, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hubiera asegurado poco antes del anuncio, que la voluntad de diálogo anunciada por Torra en la carta enviada al presidente Mariano Rajoy se contradice con el hecho de nombrar consejeros a personas que están en prisión.

“No sería la mejor manera de empezar y, en cualquier caso, esto requeriría el estudio desde el punto de vista jurídico para tomar la decisión de qué medidas cabría emprender”, había apuntado Millo en declaraciones antes del acto de celebración del 174 aniversario de la Guardia Civil en Cataluña en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Poco después de conocerse el nombramiento, la defensa de Turull y Rull ha enviado un escrito al Supremo solicitado su libertad provisional con la “mayor celeridad y urgencia posible”, para que puedan tomar posesión y “ejercer sus cargos de manera “inmediata”.

Para que los nombramientos sean efectivos, además de la toma de posesión, el decreto correspondiente debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), aún bajo control del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Además, según el artículo 17 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, el Govern solo estará constituido cuando hayan tomado posesión del cargo “todos sus miembros”.

Más allá de las incógnitas sobre la efectividad de esos nombramientos, Turull y Rull han aceptado la propuesta a través de un mismo texto publicado en Twitter, en el que expresan su compromiso de dedicarse “en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes”.

También Comín ha asegurado que su designación es un “honor que asumimos con responsabilidad, humildad y compromiso” y Puig, que ha agradecido a Torra la “confianza y la voluntad de restitución”.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha celebrado el anuncio de “un Govern moderno para un país moderno, al servicio de una sociedad moderna, abierta y europea”.

Pero la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido de que “así no se puede levantar el 155”, con un “un presidente supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe a la democracia”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado un “grave error” la decisión de Torra nombrar a “personas que no se van a poder dedicar plenamente y de forma efectiva”; y el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado que “la composición del nuevo Govern es un claro mensaje de la voluntad de seguir instalados en la bronca, el conflicto y la provocación”.

Los reproches al nuevo Govern se han sucedido también por parte de la CUP, PSC, comunes e incluso en el seno de ERC en relación a la falta de paridad de género, pues solo hay tres consejeras frente a diez consejeros.

… Y el Gobierno tacha el anuncio de “provocación”

El Gobierno ha calificado de “provocación” los nombramientos por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de cuatro ‘consejeros’ en prisión o huidos y ha asegurado que estudiará la “viabilidad” del nuevo Govern.

En un comunicado, el Ejecutivo señala que esos nombramientos desacreditan la voluntad de diálogo expresada en la carta que Torra remitió a Mariano Rajoy y estiman que esos nombramientos demuestran que esa voluntad “no es sincera”.

“En el día de ayer, el Sr. Torra quiso escenificar una voluntad de diálogo que ha durado menos de 24 horas, ya que su propuesta de nuevos consejeros es una nueva provocación porque varios de ellos se encuentran huidos de la Justicia o en situación de prisión provisional”, señala el comunicado.

El Gobierno subraya que, “a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto, analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados”.

Torra ha nombrado como miembros de su Gobierno a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y Antoni Comín y Lluís Puig, huidos en Bélgica de la Justicia española.

El presidente de la Generalitat, añade la nota, “ha desaprovechado hoy una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana”.

En el comunicado se remarca que tanto el Gobierno como las fuerzas políticas constitucionalistas “han venido exigiendo al nuevo presidente de la Generalitat que ponga fin a esta confrontación política que sólo genera desasosiego social y un importante perjuicio al conjunto de la sociedad catalana”.