El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó este jueves en Zaragoza que si la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, tiene algún “defecto formal”, habrá que “evaluarlo” y si es necesario “promover la subsanación de esos errores”. “No conozco el tenor literal de la toma de posesión(…) ni si se han cumplido todas las formalidades (…), pero si tiene algún defecto formal, lógicamente habrá que evaluarlo para en su caso promover la subsanación de esos errores”.

El ministro, que visitó la capital aragonesa para inaugurar una jornada en Ibercaja Patio de la Infanta sobre la aplicación del nuevo marco normativo de protección de datos, contestaba así a una pregunta sobre la fórmula usada por Torra para asumir su cargo, sin aludir a la Constitución, ni al Estatuto de Autonomía ni al Rey y solo prometiendo “fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament”.

Catalá recordó que con la toma de posesión de Carles Puigdemont ya hubo un recurso y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual hizo una “interpretación amplia” de estos aspectos formales. “Pero insisto –dijo–, habrá que valorar si se han cumplido las formalidades”. En aquella ocasión, el TSJC archivó la denuncia penal al no apreciar delito pero dejó la puerta abierta a la vía administrativa por si podía haber una “nulidad administrativa de los actos de promesa prestados”.

Resaltó, no obstante, que la ley “obliga a todos” y “el cumplimiento de las obligaciones formales es un compromiso de todos los ciudadanos y muy en particular de los gobernantes públicos”. “No podemos olvidar en todo caso que el acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Cataluña y del Derecho es una obligación de todos los servidores públicos. Por lo tanto –añadió– tenemos que garantizar que todos los que tienen una representación y un mandato ciudadano para ejercer funciones públicas lo hacen conforme a la ley y para servir al interés general”.

En cuanto a una posible actualización en el Código Penal del delito de rebelión, Catalá dijo que en estos momentos no era una “prioridad” para el Gobierno y estimó que la redacción actual es la adecuada a las actuales “circunstancias”, además de señalar que es un delito “en el que se incurre muy excepcionalmente”.

Jueces de la Manada

Por otro lado, el ministro se refirió a las declaraciones que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, hizo este jueves durante una protesta en defensa de la independencia judicial. Galve dijo que los magistrados que dictaron la sentencia de la Manada, especialmente el que emitió un voto particular, se han sentido “perseguidos” por los ciudadanos y también por el propio ministro y que se habían superado los límites de la crítica.

Catalá afirmó que el poder judicial en España es “totalmente independiente” y que, cuando un juez va a dictar una resolución, nadie le presiona ni le dice cómo tiene que aplicar la ley. “Cuestión distinta es la opinión, la crítica que puede merecer la actuación de los tribunales o de una sentencia en términos de derecho. Son planos distintos”, manifestó e insistió en que tanto la independencia como la crítica están garantizadas en España y que está seguro de que ningún juez “ejerce su actividad bajo ninguna presión”.

Respecto a las masivas movilizaciones de mujeres para promover un cambio en el Código Penal sobre los delitos contra la libertad sexual, el titular de Justicia indicó que desde el primer día anunció que iba a “promover” una reflexión “tranquila y serena”, basada en el informe que emitan los especialistas de la sección de Derecho Penal de la comisión general de codificación. “Sección –anunció– en la que mañana (por este viernes) promoveremos un cambio importante en su composición con la incorporación de mujeres para garantizar la paridad, como ha sido lógicamente solicitado por el conjunto de la sociedad”.