Desde hace varios años hay un creciente malestar respecto a la facultad gubernamental de indultar, pues supone un ataque en toda regla a la “independencia” judicial.

El Tribunal Supremo ya ha venido restringiendo esta facultad del gobierno, al exigir la necesaria “motivación” de la decisión correspondiente, y poder revisar, en sede judicial, la misma, lo que supone un control y una restricción del omnímodo poder del ejecutivo en esta materia.

También es cierto que el código penal vigente establece en su art. 4, 3, establece que el poder judicial podrá acudir al Gobierno “exponiendo lo conveniente sobre la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.

Lo cierto es que los tribunales hacen muy escasa utilización de esta facultad, y que la mayoría de los indultos son concedidos por el poder político, y obedeciendo sabe Dios a que intereses, presiones y circunstancias.

Lo cierto es, y creo s público y notorio, que para que alguien reciba un indulto debe de ir debidamente “recomendado”, y que muchos son los llamamos –anualmente se registran miles de peticiones de indultos-, pero pocos los elegidos.

Consultados los datos recabados por la Fundación CIVIO, que hace una gran labor, digna de todo elogio, en su sección “El Indultómetro”, observo que durante el 2017 el veinticinco por ciento de los indultos concedidos lo han sido por corrupción, incluyendo dentro de ella los delitos de prevaricación, que a su vez pueden ser de dos tipos: prevaricación administrativa (delitos cometidos por políticos y altos cargos, con facultad de dictar resoluciones), y judicial, que son los delitos cometidos por los jueces.

A pesar de ser delitos cometidos por personas que teóricamente deberían ser ejemplares, y que están al servicio público, lo cierto es que también han delinquido…, pero no pasa nada, que por algo son de los nuestros: se les indulta, que vuelvan a sus puestos de trabajo, y, mucho nos tememos, que a las andadas.

En fin, para que seguir. Vivimos en un país que no consigue salir del medievo, donde los reyes hacían lo que les gana la gana. Ahora son los políticos en el poder, pero para el caso, es lo mismo.

*Exfiscal y abogado. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.