El PP andaluz, que ejerce la acusación popular en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha pedido que se investigue si la Junta de Andalucía falseó un documento aportado hace algo más de una semana a la causa por la defensa del ex presidente andaluz José Antonio Griñán. La Junta se retiró de este proceso al solicitar el archivo de la causa al entender que no hubo ninguna trama criminal imputable a 22 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes Griñán y Manuel Chaves.

El documento supuestamente falseado es un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 28 de diciembre de 2004, que lleva una fecha y un sello distinto a la prueba original que la Junta de Andalucía aportó en su día para la causa de los ERE.

El documento corresponde al expediente de modificación presupuestaria 946/2004 denominada «Transferencia de créditos en el capítulo IV de los programas 3.2.B y 3.2.H del Servicio Andaluz de Empleo», y que fue aportado por la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán durante su declaración del pasado 5 de abril. Esta prueba motivó una protesta en el juicio de los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, al entender que se trataba de una nueva prueba.

Según expone el PP-A en una nota, dicho documento contiene incongruencias respecto al que ya obra en la causa, lo que podría ser producto de un presunto falseamiento, tales como que el anverso del documento que obra en la causa está firmado por el viceconsejero de Presidencia el 28 de diciembre de 2004 y el que aporta la defensa del señor Griñán está fechado el 30 de diciembre de 2004.

En el reverso del documento obrante en la causa no aparecen las firmas del director general de Presupuestos y del jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales, que sí aparecen en el aportado por la defensa de José Antonio Griñán, que ejerce el abogado José María Mohedano.

La firma del jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales es una firma ilegible, sin sello, sin identificar al firmante, que se señala que lo hace por autorización (P.A.), figura inexistente en Derecho Administrativo que sólo permite la suplencia o la delegación, según el escrito de la representación procesal del PP en el caso ERE.

En el escrito remitido a la Audiencia de Sevilla también se advierte de que el informe del Interventor General de la Junta de Andalucía que ha aportado José Antonio Griñán es la página 4 de un fax, omitiéndose, al menos, las tres primeras páginas, con lo que la información ofrecida es sesgada e incompleta.

Los letrados del PP andaluz en la causa de los ERE han solicitado al tribunal que dicha documentación sea admitida, pero como prueba sobre la declaración de José Antonio Griñán, que con la aportación de este documento presuntamente falseado pretende acreditar que sólo plasmaba su firma para elevación de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno cuando obraban todos los informes y firmas necesarias.

Por todo ello, la acusación popular que ejerce el PP solicita al juez que deduzca testimonio de dichos documentos y los obrantes en la causa que se citan en el presente escrito, para su remisión al Juzgado de Instrucción por si los hechos fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa, en la modalidad de fraude procesal.
Más allá del procedimiento judicial, el PP andaluz exige al gobierno de la Junta de Andalucía que aclare esta duplicación de documentos oficiales y ofrezca explicaciones sobre su intervención en estos hechos.

El gobierno socialista tiene la obligación de explicar a los andaluces si ha intervenido u ordenado intervenir en el presunto falseamiento de un documento oficial que, para mayor gravedad, tenía como finalidad ser aportado en una causa judicial en la que están acusados dos ex presidentes y una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El PP andaluz muestra su respeto por la presunción de inocencia de todos los acusados, pero no cejará en su empeño de aportar luz, tanto desde el plano político como el judicial, al mayor caso de corrupción que se ha dado en la historia democrática de Andalucía y se ha marcado como objetivo la recuperación de los fondos defraudados a todos los andaluces, objetivo al que el gobierno de Susana Díaz ha renunciado, haciendo dejación de sus funciones.