El magistrado Pablo Llarena

I. Camacho.- Rebote, en la tercera acepción del DRAE. Un cabreo de mil demonios. Ése es el estado de ánimo en la Fiscalía y en el entorno del juez Llarena desde que el tribunal regional de Schleswig-Holstein desestimase la entrega de Puigdemont por rebelión contra el Estado. Aunque hay magistrados del Supremo que no comparten el criterio del instructor –«la violencia en la insurrección es discutible y en todo caso la puede revocar Estrasburgo; debería haber acusado de sedición, como ha hecho la Audiencia con Trapero–, la opinión predominante sobre la decisión alemana es irreproducible. La irritación se palpa, se respira. No se trata de frustración sino de cólera. De indignación porque unos jueces «ignorantes, si no ideológicamente prejuiciosos» hayan cuestionado desde una jurisdicción menor la valoración jurídica de la más alta Corte española. «Se han cargado la euroorden. A partir de ahora, cuando Alemania nos pida extraditar a un violador cualquier juez o fiscal podrá preguntar si ejerció suficiente presión sobre la víctima. Es un disparate».

No se piensan rendir. Y desde luego, el resto de la causa seguirá adelante. En este momento, el propósito sobre el que se trabaja es el de impedir que en el juicio del procés haya «un banquillo A y otro B», es decir, un grupo de procesados por rebelión y una persona, el propio jefe de la revuelta, juzgada sólo por malversación de caudales. Eso si Alemania acepta ese presunto delito, que está por ver; de momento los de Holstein han pedido la ampliación informativa que no requirieron sobre la acusación clave. El Supremo, hoy por hoy, incluso prefiere que el veredicto sea denegatorio. Que Puigdemont permanezca prófugo. Y, atención, en caso de que los alemanes se inclinen por enviarlo de vuelta, Llarena está estudiando la posibilidad de no aceptarlo. O todo o nada. «Que se lo queden. Tendrá que seguir fuera y en cuanto pise territorio español, someterse al imperio de nuestras leyes». La idea es reclamar respeto para una justicia soberana, la de una nación de la UE con un ordenamiento democrático.

Pero hay otro malestar, de distinta índole, con el Gobierno. En los ambientes judiciales se considera que no ha contrarrestado el argumentario independentista, ampliamente difundido en el extranjero, y que ese relato ha pesado en la apreciación de los juzgadores tudescos. «Han estado a cinco minutos de acusar de violencia al Estado». Sí, la justicia también cree que la han dejado sola frente al conflicto, que los agentes políticos han excusado su acción legítima. Y aunque ya sea tarde para el lamento, entre las togas esperan que al menos España plantee –«a nivel de Consejo de Ministros de la Unión»– una redefinición de la euroorden para que las solicitudes las examinen instancias del mismo rango. De Audiencia a Audiencia, de Supremo a Supremo. «Si es que a alguien le importa todavía que no nos tomen a cachondeo…».