Cristina Narbona durante una visita en 2008 a las obras de la desaladora de Águilas (Murcia)

«El mar, fuente inagotable de vida» fue la campaña informativa que la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona presentó en el Consejo de Ministros de julio de 2007 para apostar por la desalinización tras derogar el trasvase del Ebro, que supuso un gasto de casi 7,5 millones de euros en concepto de publicidad. Bassat Ogilvy emitió facturas a las constructoras de las distintas plantas de desalación que abonaron la campaña «extracontractual» del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero justo antes de las elecciones generales de 2008. Hasta ahora la desaladora de Torrevieja es la única investigada por estas mordidas por la Audiencia Nacional como publicó ABC a finales de diciembre de 2016.

Entre las empresas que sufragaron el programa se encuentra la desaladora de Águilas (Murcia), integrada por Ferrovial y Sacyr, que pagó «a petición de Acuamed» un importe total de 1.293.400 euros, según los datos recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Además del informe de la UCO, una denuncia presentada hace más de un año ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada de Gabriela Mañueco, exdirectora de Ingeniería y Construcción e investigada en la causa, aporta documentación para demostrar que la UTE Desaladora Águilas Guadalentín financió la campaña publicitaria con el «pago del uno por ciento del valor de adjudicación de la obra» y que posteriormente pidió las cantidades abonadas.

En el caso de Torrevieja, la UCO asegura que «no llegaron a encontrar la fórmula para llevar a cabo un pago extracontractual y ajeno totalmente a la construcción de una desaladora», mientras que la denuncia aporta pruebas de que «la única que ha recibido la devolución del pago de la publicidad ha sido la obra» de Águilas.

La UTE formada por Sacyr y Ferrovial reclamó cinco años después los casi 1,3 millones de euros abonados a la empresa Bassat Ogilvy, como figura en el contrato con la empresa estatal, cuando el denunciante del caso, Francisco Valiente, era director de Ingeniería y Construcción. Valiente promovió una liquidación que fue al Consejo de Administración en mayo del 2014, aprobándose «el pago de una cantidad muy similar a la reclamada en concepto de devolución de lo aportado para la campaña publicitaria», pero encubierto en otros conceptos.

La denuncia destaca que Valiente recomendó la empresa de arquitectura e ingeniería DVVD de su hijo, a quién la UTE contrató para que realizase un informe técnico de la estructura de la desaladora de Águilas por un problema de vibraciones. «Este hecho se produce cuando se está negociando entre la Dirección de Obra y la UTE la liquidación donde estaría incluida la ‘mordida’».

El 1% sin pliegos ni «escrito en ningún sitio»

«Más que una obligación, se habló con las empresas y se acordó que pagaban el uno por ciento de lo que tenían adjudicado», confirma Elena Arranz, adjunta a la Dirección de Relaciones Institucionales de Acuamed, sobre el pago de facturas de publicidad a favor de la desalinización en un interrogatorio en la Audiencia Nacional.

Según Arranz, Acuamed estaba «por detrás, porque lo llevaba todo Bassat y AEDyR –Asociación Española de Depuración y Reutilización–» y tanto las directrices como los cálculos de las cantidades que tenían que pagar cada contrata, que se pasaron a una hoja de Excel a máquina, los marcaba Joan Navarro, responsable operativo de la Comunicación del Plan Agua bajo la dirección de Adrián Baltanás. «La responsabilidad directa era de Joan, pero no tengo ninguna duda de que pedía autorización y permiso al de arriba».

Como reza en el informe de la UCO, Arranz se encargó de enviar por correo electrónico en noviembre de 2007 al presidente de AEDyR, José Antonio Medina, con copia a Navarro, un listado de empresarios que estaban «al corriente del tema» y tenían que firmar una carta de compromiso que deberían remitir a «la agencia Bassat Ogilvy».

La presión también se realizó vía telefónica desde Acuamed. Tanto Navarro como su adjunta llamaron a las empresas adjudicatarias para pedirles el abono de las facturas por servicios publicitarios ajenos a la obra sin estar incluidos en el pliego de adjudicación ni en ningún modificado. En el sumario se encuentra un cuadro de anotaciones manuscritas con la aportación a realizar de cada una de las constructoras que demostraría que los pagos no fueron voluntarios.
Posteriormente, según los agentes de la Guardia Civil, las UTE pedían el reembolso del uno por ciento a la Administración Pública cuando era «un concepto no reclamable». Así, cuando Carlos Massa tomó el relevo de Baltanás en la dirección general de Acuamed se encontró que la campaña sufragada por las constructoras no estaba «escrita en ningún sitio».