El PP ha considerado de «enorme gravedad» las informaciones publicadas que aseguran que los Mossos utilizaron «identidades ficticias para realizar seguimientos a dirigentes de partidos constitucionalistas y poner en marcha campañas de propaganda que buscaban generar opiniones favorables a la hoja de ruta del Govern de Carles Puigdemont».

Los agentes presuntamente implicados pertenecerían «a un grupo semisecreto de la Comisaría General de Información de la policía catalana que llegó a disponer en su plantilla de unos 40 efectivos».

En declaraciones a la entrada de la comisión parlamentaria de secretos oficiales, el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, ha advertido de que, de demostrarse estos hechos, se pondría en evidencia «la capacidad de cometer todo tipo de actividades delictivas por parte de las antiguas autoridades independentistas» contra sus adversarios. Asismismo, Hernando ha puesto en duda la confianza debida en «los mandos que han dirigido este tipo de despropósitos».

Momentos antes, tanto el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, como el diputado del PDECat Jordi Xuclá han declarado desconocer absolutamente estos supuestos hechos y las informaciones a las que se refieren.

Quemar los documentos

Los Mossos d’Esquadra pretendían quemar en una incineradora la víspera de la votación de la declaración de independencia y de la posterior destitución del Govern, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación, algunos de los documentos que fueron intervenidos.

Se encontraron, además, archivos relacionados con la extinta agencia de detectives Método 3, que elaboró centenares de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de sus clientes.

Entre el material intervenido también figuran documentos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana para proteger el referéndum del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.

En la víspera de la sesión del 27 de octubre en la que el Parlament votó la declaración de independencia, la Policía Nacional evitó que los Mossos quemaran en una incineradora unos documentos que ya entonces sospechaban que estaban vinculados con el referéndum del 1-0 y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.