En primer lugar es de significar que todos ellos, a excepción de uno que votó en contra, han sido cooperadores necesarios en la declaración de la “república independiente de Cataluña”.

Carlos Puigdemont, su gobierno y los 70 diputados que votaron a favor de la proclamación de la república catalana no hubieran podido hacerlo si los Miembros de la Mesa hubieran impedido dicha votación, o se hubieran opuesto a que se votase en el Parlamento, como era su obligación legal y constitucional.

Al gobierno de la Generalidad la Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva, para evita el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional para poder ingresar a un ciudadano en prisión provisional.

En cambio a la Mesa del Parlamento catalán el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo les aplicó unas medidas cautelares de libertad provisional con fianza por una cantidad bastante exigua, dicho sea de paso, y dándoles una semana de tiempo para depositar dicha fianza, y solamente a Carmen Forcadell, la “promotora” de la sublevación legal de la Cámara, desoyendo los dictámenes de los Letrados del Parlamento, del secretario general, y hasta del consejo consultivo de la Generalidad, se le impuso una fianza de 1560.000 euros, para poder quedar en libertad, teniendo que dormir esa noche en prisión…, más que nada para “tranquilizar” a la opinión pública, que asistimos incrédulos a todo este esperpento nacional.

El Magistrado del Tribunal Supremo, para adoptar estas medidas cautelares mucho más generosas con los golpistas, s eha basado en la falacia de las declaraciones de los investigados, diciendo que acataban la aplicación del artículo 155, así como la suspensión de la declaración unilateral de independencia, y de que renunciaban a actuar fuera de la ley y del orden constitucional.

El citado magistrado ha adoptado unas medidas cautelares que a mi modesta opinión, vulneran presuntamente los principios constitucionales de igualdad ante la ley de todos los españoles, así como el principio de seguridad jurídica, pues ante idénticos hechos un juez decreta el ingreso en prisión preventiva de todos los imputados, y otro, en cambio, les deja a todos en libertad, a excepción de la presidenta, a la que se tiene un solo día en prisión, supongo que “por el que dirán”, y para dar una impresión de firmeza de la justicia.

Es cierto que la Audiencia Nacional hace un uso abusivo y poco garantista de la prisión preventiva, y como lo he sufrido en carnes propias creo tengo todo el derecho a decirlo públicamente, pero no es menos cierto que en el caso que nos ocupa la prisión preventiva sin fianza estaba más que justificada, ante la gravedad de los hechos, y si de verdad vivimos en un Estado de Derecho.

Muy flaco favor ha hecho la justicia a la credibilidad por parte de la sociedad civil de que vivimos en una situación de seguridad jurídica.

Por el contrario, el Gobierno de España está celebrando que esa decisión del Tribunal Supremo reduzca el nivel de enfrentamiento con las fuerzas independentistas, y el grado de crispación de la sociedad catalana, sin darse cuenta de que está sembrando vientos para futuras tempestades.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias