El capitán Araña catalán ha huido de la justicia española, y no se sabe cuándo se le podrá poner a disposición judicial, para que de explicaciones de sus delitos.

Nadie se atrevió a detenerle. Ni “sus” mozos de escuadra, que espero no le protegieran en su huía, ni tampoco la guardia civil o la policía nacional, ante la falta de una orden expresa y terminante al respecto, por parte de quien la podría dar, en un Estado de Derecho como es el nuestro: la Fiscalía o el Poder Judicial.

Los fiscales y jueces habían empezado en su fin de semana, y esperemos que no fuera caribeño, es decir, de lunes a jueves, y ya sabemos que con el descanso no se juega. ¿Qué más da que haya un golpe de estado en Cataluña? Lo primero es lo primero.

Espero que los enterradores no les imiten, sobre todo en verano, o que los cardiólogos cuándo vamos al hospital con un infarto no nos digan que volvamos el lunes próximo, pero solo si seguimos vivos.
Todo lo que ha sucedido en Cataluña es la crónica de un intento de separación anunciado desde hace años. Quien no se hubiera enterado todavía, es porque no se quiso enterar.

La fiscalía podía tener preparada su denuncia o querella, y el magistrado correspondiente, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, debería haber dictado las órdenes de detención correspondientes.

Pero nadie quiere asumir responsabilidades, y enfrentarse a todo un gobierno en pleno, y a un parlamento autonómico, aunque ambos estuvieran en proceso de descomposición, y cesados en sus cargos.
Ni la fiscalía ni los jueces se atrevieron a ordenar una detención por 72 horas, que es lo máximo que permite la legislación vigente, mientras se instruían los atestados respectivos, para su posterior pase a disposición de la Autoridad Judicial para decretar –en su caso-, el ingreso en prisión preventiva incondicional, para evitar el riesgo de fuga (como así ha sucedido), la destrucción de pruebas (que estoy seguro se ha realizado), y la reiteración delictiva.

Al tratarse de un delito “in fraganti”, cometido ante toda la sociedad española, la detención tenía que haberse producido de inmediato, incluso por parte de la policía, sin orden judicial, ante la gravedad y notoriedad de los hechos, a la vista de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Código Penal vigente… Los agentes policiales están facultados para detener a cualquier persona que haya cometido presuntos delitos, dando cuenta inmediatamente al Juzgado competente.

Ni los mozos de escuadra, una policía política al servicio del régimen separatista catalán, y muchos de ellos abiertamente independentistas, ni los fiscales (supongo que por el que dirán), ni los jueces, nadie se ha atrevido a cumplir con lo que establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal vigente.

Se ha producido, por tanto, una no aplicación del ordenamiento jurídico a un caso que es realmente “de libro”, vulnerándose los principios constitucionales de igualdad de todos ante la ley, así como el de seguridad jurídica.

Dentro de este lamentable contexto, quiero reseñar también que la no intervención de TV3, ANC, la radio “nacional” catalana y Ómnium Cultural, entre otras empresas, instituciones y entidades, pone además de evidencia que se deja un campo de actuación impune, que mantendrá bien alimentado y consolidado el proceso secesionista, que no es de extrañar se repita a partir del próximo 21 de diciembre, con el nada improbable triunfo electoral de los secesionistas…

*Jurista y secretario general de Manos Limpias