(R) Lo ocurrido en Cataluña este aciago 1 de octubre está tipificado en el artículo 544 del Código Penal como un delito de sedición castigado con hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad: “Son reos de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales.” Basta ver a Puigdemont y sus acólitos votar en su parodia de consulta ilegal, desobedeciendo abiertamente la prohibición de los tribunales; contemplar las imágenes de los tumultos instigados por ellos desde los medios de comunicación que controlan, o constatar la flagrante traición de los “mossos d’esquadra”, cuyo comportamiento ha oscilado entre el incumplimiento doloso del mandamiento judicial recibido y la complicidad con los golpistas, hasta el extremo de enfrentarse a la Guardia Civil que trataba de defender el orden constitucional, para comprobar hasta qué punto es aplicable ese tipo delictivo a la conducta de los gobernantes catalanes. Los responsables de la Generalitad han utilizado las instituciones sujetas a su custodia para alzarse contra el Estado del que emana su poder. Desde la Policía autonómica hasta la Consejería de Educación, sin hacer ascos a la utilización de niños como escudos humanos frente a las fuerzas del orden. Desde las televisiones y radios autonómicas, lanzadas a la agitación de la calle, hasta el consejero de la Presidencia, tan envalentonado como para amenazar públicamente con denunciar al Ejecutivo español. ¿Tenemos que aguantar tanta infamia?

No es posible zanjar este episodio restando trascendencia a lo ocurrido por carecer de legitimidad, como parece desprenderse de las declaraciones hechas por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. No puede volver a salirles gratis como ocurrió el 9-N. Es evidente que las urnas, estas y aquéllas, no tienen valor alguno en términos legales ni cumplen con los requisitos mínimos exigibles en cualquier votación. Ellos lo saben y lo asumen como una burla más hacia nosotros. No buscan legitimidad, desde el momento mismo en que ignoran de forma chulesca las reglas del juego democrático. Lo que quieren es romper el marco de convivencia en el que se desarrolla este pulso y hacerlo no solo con impunidad, sino en el papel de oprimidos, apareciendo ante los ojos del mundo como víctimas de un Goliat opresor. Pues bien, la torpeza del Gobierno en la respuesta ha sido de tal magnitud que en buena medida lo han conseguido. Y no porque Policía Nacional y Guardia Civil hayan fallado lo más mínimo en el cumplimiento de su deber, pese a la dureza de las condiciones en las que han debido trabajar, sino porque han faltado explicaciones, pedagogía, información, atención a la prensa internacional, valentía en la defensa de los valores y firmeza en la aplicación de la legislación vigente. O sea, coraje y convicción democráticos.

Si tras el referendum de 2014 se hubiera cortado en seco el desafío secesionista, asumiendo el control de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca habríamos llegado a la situación actual. Si tras lo sucedido este 1-O no se activa de inmediato ese mecanismo previsto en la Carta Magna precisamente para casos como éste, se procede a detener a los sediciosos, se disuelve el cuerpo de los mossos o se asegura su obediencia a los jueces, y se garantiza el restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña, el golpe habrá triunfado y acabará quebrándose España. Pero antes, mucho antes, caerán Rajoy y su Gobierno.