El Gobierno catalán disuelve la Sindicatura Electoral para no pagar la multa
Carles Puigdemont, Jordi Turull y Oriol Junqueras, en el Parlamento de Cataluña
La Sindicatura Electoral de Cataluña -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum- se ha disuelto este viernes a petición del Govern. Está previsto que ceda ahora sus funciones a entes públicos, académicos e observadores internacionales del 1-O.
El Govern ha agradecido a la Sindicatura los servicios prestados, da por acabados sus trabajos y les pide pasar el relevo a otras organizaciones. La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) fijara el jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial -también nombrados al crearse el ente– si no desisten de organizar el 1-O.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución –se ha publicado este mismo viernes–. La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales. La decisión llega horas después de que el Govern acordara en una reunión extraordinaria del Consell Executiu destituir a Josep Maria Jové, secretario general de Economia y uno de los detenidos por orden del juez por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O.Jové, ‘número dos’ de Oriol Junqueras, ha cesado en su cargo para no tener que hacer frente a la multa de 12.000 euros diarios a la que se enfrenta como responsable de la administración electoral.
La decisión del Govern, sin embargo, no librará de forma tan sencilla de la multa al alto cargo. El Tribunal Constitucional (TC) debe examinar antes si Jové ha acatado sus resoluciones, como hará también con cada uno de los afectados.
