Un niño envuelto en una bandera independentista y una urna, símbolo del 9-N durante una manifestación pro independencia

Estrellados contra el muro de la legalidad, la Generalitat de Cataluña sigue adelante con la organización del referéndum del 1 de octubre. Burlando la ley, pero tratando de aparentar normalidad por encima de todo, el artificio del referéndum de independencia se construye como si se tratase de una convocatoria ordinaria, aunque todo bajo cuerda para sortear la acción de la Justicia. La ley del Referéndum, y el decreto de medidas complementarias para su desarrollo –ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional–, son la base sobre la que se organiza la consulta. La presión del Gobierno y de la Justicia hace sin embargo que a dos semanas de la pretendida celebración de la misma, casi nada se sepa de la logística.

Urnas

Por su simbolismo es uno e los elementos clave. A finales de junio, la Generalitat se vio obligada a declarar desierto el concurso público para la compra de urnas, al no homologar las dos empresas que habían superado los pasos iniciales del proceso de licitación. Desde ese día, el secretismo se ha impuesto, dándose por descontado que el Govern optaría por la adjudicación directa. Si se ha producido, la Generalitat lo ha mantenido en secreto. Se estimó que se requerirían unas 8.000, aunque desde el Govern se ha deslizado que bastarían unas 6.000. Lo único que aclara la Generalitat en su decreto de medidas complementarias es que las urnas serán de un material resistente con una tapa con ranura para introducir el voto, abriendo la puerta a que las mismas no sean de metraquilato, como es habitual.

Censo

La composición del que es el segundo elemento clave de cualquier convocatoria electoral sigue siendo una incógnita. El decreto establece que se usará el que se haya cerrado a 30 de marzo de 2017, y que su elaboración está supervisada por la Sindicatura Electoral –suspendida por el TC–. Se apunta a que la Generalitat podría armar el censo sobre la base del registro de las tarjetas sanitarias. A dos semanas del 1-O, los ciudadanos no han recibido la tarjeta censal, un trámite que será probablemente imposible ante la negativa de Correos de distribuir cualquier material relacionado con la consulta, en aplicación de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Colegios electrorales

Pese a la presión que se ha trasladado a los ayuntamientos, parece bastante claro que la Generalitat optará por utilizar edificios de su propiedad –preferentemene institutos de secundaria– como colegios electorales, sobre todo en las grandes ciudades, que son precisamente las gobernadas por el PSC. En el caso de Barcelona, y pese a la participación del Ayuntamiento presidido por Ada Colau en la «movilización», la votación será en edificios de la administración autonómica. En municipios pequeños la colaboración de los consistorios será imprescindible. Fuentes políticas añaden que pese a la apariencia de convocatoria normal que pretende transmitir la Generalitat, una votación con pocos colegios también conviene al independentismo: cuantas más colas, más posibilidad de transmitir una imagen de población volcada.

Mesas

Para la composición de las mesas se necesitan unas 55.000 personas, escogidas por sorteo, y que en breve comenzarán a ser notificadas -persiste la duda sobre cómo se realizará este aviso si Correos se niega a ello-. Aunque la ley del Referéndum apunta que la asistencia a las mesas es obligatoria -como en cualquier convocatoria electoral- tampoco contempla sanción alguna. La suspensión ordenada por el TC hace que la colaboración o no en la consuta como integrante de una mesa recaiga en la decisión de cada ciudadano. La previsible no asistencia de un número muy importante de los integrantes de las mesas -bien por una decisión consciente, bien porque no se les pueda notificar que han sido elegidos- ya ha sido contemplada por la Generalitat. Al igual que recoge la LOREG (la ley que regula el régimen electoral en España), la ley del Referéndum catalán especifica que si al abririse los colegios los miembros designados para formar las mesas no comparecen, serán los primeros votantes que se personen en el colegio quienes ocuparán su sitio. La previsión pues es que buen número de mesas las compongan votantes convencidos, más después de que en las redes sociales ya estén circulando cadenas de mensajes animando al colectivo independentista a acudir a primera hora a los colegios.

Papeletas

La impresión del material gráfico para el 1-O –papeletas, censos, actas de escrutinio….– llevó al registro de una imprenta en Tarragona, y el viernes a otras tres en Barcelona, en una de las cuales se halló material propagandístico, pero no papeletas. A día de hoy se desconoce si la Generalitat dispone ya de las papeletas. En este caso, y sin que haya habido comunicación oficial al respecto, y frente el hecho de que la ley apunta que en los colegios la administración electoral deberá facilitar papeletas en número suficiente, se especula con la posibilidad de que se permita a los ciudadanos imprimirse su propia papeleta en casa –a partir de un modelo oficial descargable en pdf al que se podría acceder a través de internet–, tal y como ya han podido hacer los votantes residentes en el extranjero. Estos últimos, de hecho, ya han podido votar mandando su voto a la «embajada» catalana que se le había asignado previamente.