La crisis actual, una vez más, vamos a pagarla el pueblo llano, las clases pasivas, los funcionarios, y los contribuyentes en general –que somos todos- mediante el incremento del IVA y otros impuestos, que ya se anuncia.

La clase dirigente (por llamarla de alguna manera, aunque realmente habría que denominarla la clase inepta) se librará de la quema, y seguirá usando y abusando del Estado y las diversas Administraciones Públicas, en provecho propio. Y para muestra, un botón.

Al comienzo de la transición, esa que ahora se quiere enterrar, por mor de volver a las luchas fratricidas y enfrentamientos entre hermanos, que fueron el preludio de la guerra civil, se organizó una gran polémica con las pensiones vitalicias de que disfrutaban quienes habían sido ministros en los diversos gobiernos de Franco (alrededor de un centenar de personas), y que les permitían vivir con dignidad a quienes habían descuidado su vida profesional, o, simplemente, la habían abandonado, por el servicio público. Al final, y tras mucha polémica, se llegó a una solución de consenso, consistente en dejarles una paga durante dos años, que les permitiera rehacer su actividad laboral, una vez cesados, pues ya sabemos que aquí no dimite nadie o casi nadie.

¿Qué sucede ahora? Los socialistas introdujeron hace algunos años una modificación legal en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, en virtud de la cual todos los directores generales que hayan ocupado el cargo durante más de dos años, disfrutarán del complemento específico de alto cargo hasta que se jubilen, por el simple hecho de haberlo sido. Y una vez jubilados, pasan a disfrutar de la pensión máxima de nuestro generoso sistema de clases pasivas.

¿Y qué pasa con los profesionales liberales, empresarios, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, etc., que hayan sido nombrados directores generales, en los pocos casos en que es posible ocupar el cargo sin ser funcionario? Pues que se joroben… Ellos no tienen derecho alguno, una vez cesados, por no ser funcionarios.

Esta medida, claramente UN PRIVILEGIO PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS (y cargos asimilados a directores generales, delegados del gobierno, rectores de universidades públicas, etc.), pretendía compensarles por el esfuerzo y la dedicación al cargo. Rápidamente los ex directores generales de las 17 comunidades comenzaron a acudir a los tribunales, diciendo que ellos no eran menos directores generales que los de la administración central del Estado, y consiguieron idéntico beneficio.

Multiplíquese el número de ministerios –muchos de ellos inútiles- por los numerosos directores generales existentes en cada uno de ellos, las consejerías de las 17 comunidades autónomas por los varios altos cargos existentes en cada una, a un promedio de diez a quince departamentos por autonomía, el alrededor de medio centenar de universidades públicas, etc., y nos encontraremos con VARIOS MILES DE FUNCIONARIOS disfrutando del complemento específico de alto cargo, y camino de una jubilación millonaria, en su día.

¿Puede España seguir soportando este despilfarro? Evidentemente, NO.

(Las Cortes de Aragón han aprobado recientemente un Acuerdo, por unanimidad, faltaría más, por el que extienden este privilegio a sus 67 diputados. ¡Y es que con las cosas de comer no se juega! Por supuesto los podemistas fueron los primeros en votar a favor).

*Abogado. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.