La supuesta lealtad de Pedro Sánchez al Gobierno de Mariano Rajoy frente al desafío secesionista en Cataluña no resiste el juicio de los hechos. Tras la reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa, Sánchez ha puesto en marcha una agenda propia para marcar distancias y crearse un espacio intermedio entre el Ejecutivo y los nacionalistas catalanes. Es una fórmula que al socialismo, especialmente el catalán, le ha resultado ruinosa electoral y políticamente, además de ser estéril para solucionar el problema separatista. La idea de Sánchez es que el PSOE y el Partido de los Socialistas de Cataluña anuncien un paquete de medidas políticas para afear lo que califican como pasividad de Rajoy y para privar de argumentos a los separatistas catalanes. Con este mero planteamiento, los socialistas ya están fortaleciendo la posición separatista, porque acaban aceptando que el fenómeno independentista es una reacción al maltrato que el Estado inflige a Cataluña. Los socialistas proponen esencialmente reformar la Constitución para reconocer a Cataluña como nación y cerrar el reparto de competencias entre el Estado y la Generalitat, aumentar las inversiones en territorio catalán y mejorar la financiación de la Administración catalana. Por más que Sánchez se oponga al referéndum del 1-O, muchos catalanes pensarán, a la vista del programa socialista, que, en efecto, la culpa del separatismo es del Estado.

Pedro Sánchez vuelve a jugar con dos barajas y a utilizar dos lenguajes. Su objetivo es reconstruir una alternativa entre socialistas y nacionalistas para echar a Rajoy del poder. Sin embargo, los socialistas sólo consiguen demostrar con estas reformas que no quieren aceptar que en Cataluña hay planteada una disyuntiva muy sencilla: independencia o Constitución. No hay término medio, ni es oportuno premiar a los nacionalistas con anuncios de reformas constitucionales y financieras que dan pábulo a la culpa política del Estado.

El separatismo catalán nunca ha reclamado una reforma de la Constitución como solución, sino una derogación de la Constitución en Cataluña. Pasó en 1934 con la Constitución republicana y quiere que pase ahora de nuevo. La causa del separatismo actual no es la Constitución de 1978, sino, en todo caso, su falta de aplicación y el entreguismo practicado desde el Estado en materia educativa y financiera a favor de un nacionalismo burgués que, después de haberse suicidado políticamente, ha entregado Cataluña al separatismo de izquierda radical y antisistema. El socialismo no escarmentó con el error del Estatuto de 2010, anulado en lo esencial por el TC, y ahora vuelve a dar argumentos al nacionalismo con tal de no parecer que coincide con Rajoy en defender, sin más, la Constitución de 1978.