Agentes de la Guardia Civil, en un registro anterior por el ‘caso 3%

El caso del 3% sigue cercando al PDECat, hasta el punto de que ayer agentes de la Guardia Civil entrararon a recabar información en el Palau de la Generalitat y el Parlamento catalán. Una imagen impactante que a poco más de dos meses de la pretendida consulta independentista de octubre el soberanismo quiso leer como si se tratase de una provocación, una humillación en forma de aviso por parte del Estado de que las fuerzas de seguridad pueden llegar a donde quieran, incluso al interior del corazón institucional de Cataluña.

Pese al primer impacto, pronto se tuvo conocimiento de que en realidad se trataba de un operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recopilar datos relativos a la trama de financiación irregular de la antigua CDC, en concreto la derivada que atañe al exconsejero de Justicia, y ahora diputado no adscrito en el Parlamento catalán, Germà Gordó. De manera simultánea, agentes de paisano de la Guardia Civil -obviamente la imagen de agentes armados y vestidos de verde hubiese tenido una repercusión mucho mayor- se personaban en el Parlament, el Palau de la Generalitat, la consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). La operación estuvo supervisada en persona por el fiscal anticorrupción José Grinda, al que se vio tanto en la sede de la cámara autonómica y del departamento de Justicia como en plaza Sant Jaume.

Los agentes buscaban principalmente las agendas y los registros de visitas de la época de Gordó, tanto la de secretario del gobierno catalán como la posterior de responsable del departamento de Justicia, documentos todos misteriosamente desaparecidos. Ante la total ausencia de manifestantes que defendiesen las instituciones catalanas de tal «ultraje» -como algunos se aprestaron a propagar en las redes sociales-, turistas de paso y periodistas aguardaron a pleno sol en plaza Sant Jaume a que concluyese un operativo que, en el caso de la intervención en Palau, se prolongó durante ocho horas, hasta las siete menos cuarto de la tarde.

Prohibición de entrada

De inmediato tras conocerse la entrada de la Guardia Civil en la sede del gobierno catalán, fuentes del ejecutivo aseguraron que el consejero de Presidencia, Jordi Turull, había prohibido la entrada de los agentes, algo que posteriormente desminitieron fuentes de la Guardia Civil. Desde el instituto armado se precisó que no existió tal veto por parte de Turull, y que los primeros cinco agentes de paisano que acudieron al Palau entraron hasta donde se lo permitía el auto judicial, que no era una orden de registro sino de petición de documentación. Los agentes aguardaron en una sala de espera en la planta baja, al lado de las cocheras, mientras representantes del Govern recopilaban la información pedida: de manera principal el libro de visitas de cuando era secretario del Ejecutivo.

Tras comunicar a los agentes que no existía tal registro, el juez Carlos Ramos -sustituye en la instrucción a Enric Anglada, jubilado en junio- remitió un segundo auto reclamando la agenda personal de Gordó. Les fue entregada la oficial en soporte informático tras el volcado del servidor en presencia de un agente. El mismo procedimiento se llevó a cabo en la sede de la consejería de Justicia, donde tampoco se conservaba el libro de visitas que, como el de Palau, supuestamente habría permitido constatar las reuniones de Gordó con empresarios, y su papel como intermediario entre estos y la adjudicación de obras a cambio de comisiones, tal y como sostiene la investigación del caso.

«Humillaciones, ninguna»

El consejero Turull, una vez acabado la intervención de la Guardia Civil, rechazó en las redes sociales «espectáculos y humillaciones» en el Palau de la Generalitat. «Colaboración con la Justicia, toda. Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace seis siglos acoge la Generalitat, ninguna», apuntó en Twitter acompañando el comentario de la imagen de la escultura del caballero Sant Jordi matando al dragón. Épica de salón.

El operativo de ayer se produjo a cuatro días de que el TSJC cite a declarar al exconsejero Germà Gordó en calidad de investigado en la trama de las comisiones ilegales. Tras la declaración de Gordó está citado el extesorero Andreu Viloca, cuya hija casualmente era la encargada de gestionar su volatilizada agenda.