La Comisión Europea (CE) anunció hoy la apertura de un proceso de infracción contra Hungría, tras los nuevos cambios legislativos que podrían conducir al cierre de la Universidad Centroeuropea.

«Hemos decidido adoptar una acción legal contra la ley de educación superior mediante el envío de una notificación formal al Gobierno húngaro», indicó el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas.

El político letón precisó que la misiva supone «el primer paso hacia un proceso de infracción», y añadió que tras remitirla a Budapest, las autoridades húngaras tendrán «un tiempo» para reaccionar.

Más adelante, el Ejecutivo comunitario «decidirá sobre sus próximas medidas», precisó el ex primer ministro de Letonia.

Aprobada el pasado 4 de abril con la mayoría del gobernante partido Fidesz, la nueva normativa exige que las instituciones académicas financiadas desde el extranjero tengan un campus en el país de origen, algo que no cumple la Universidad Centroeuropea fundada por el magnate George Soros.

Pese a su declaración, Dombrovskis manifestó su deseo de esperar a la intervención del vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, en la Eurocámara durante la tarde, cuando hará públicos los fundamentos legales que han motivado la decisión de Bruselas.

Aun así, reconoció que el colegio de comisarios celebrado hoy debatió sobre «asuntos legales y el respeto a los valores fundamentales de la Unión Europea en Hungría».

Por la tarde, la Comisión tiene previsto dar a conocer su respuesta sobre la consulta nacional «Stop Brussels», que plantea a los húngaros preguntas relacionadas con las medidas comunitarias en materia económica y de inmigración.

«Pretendemos dejar las cosas claras sobre varias acusaciones y reivindicaciones incorrectas o muy engañosos«, afirmó el político sobre las cuestiones formuladas en la consulta.

Asimismo, afirmó que mantienen las conversaciones con Budapest sobre la política de asilo y el borrador de ley sobre el registro de ONG.

También precisó que la Comisión está «preocupada» por cuestiones sobre la libertad de «establecimiento y suministro de servicios».