Manuel CHaves y José Antonio Griñán

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos ex altos cargos en la «pieza política» de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el «banquillo» 22 acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado tres nuevos autos en los que rechaza los recursos presentados contra su procesamiento por las defensas del ex interventor general, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez.

Con estos tres recursos, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha resuelto ya todos los recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016 por el juez Álvaro Martín, de forma que en la pieza del procedimiento específico de los ERE, conocida como pieza «política», serán juzgados por la Sección Primera de la Audiencia un total de 22 ex altos cargos.

Cabe recordar que, en un principio, había 26 personas procesadas en esta pieza separada, que podría ser la primera en enjuiciarse, pero la Audiencia ha exculpado al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas; al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; al exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde, y al exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez.

Entre los 22 ex altos cargos procesados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En relación a Antonio Vicente Lozano y Antonio Estepa, la Sección Séptima de la Audiencia dice en sendos autos fechados el 26 de abril y facilitados por el TSJA que «concurren indicios insuficientes para mantener la imputación de los hechos que describe el auto recurrido, con independencia de la calificación jurídico penal que merezca a las partes», ya que la resolución recurrida «tan solo vincula en cuanto a los hechos que relata y la participación en los mismos de personas concretas».

En el caso de Antonio Vicente Lozano, que fue director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, la Audiencia señala que «tenía responsabilidad tanto en la elaboración del presupuesto como en las modificaciones presupuestarias», punto en el que recuerda el informe de la Intervención General de la Administración del Estado de diciembre de 2013 y los informes complementarios.

«Sangría presupuestaria»

Estos informes señalan que, para realizar la Dirección General de Presupuestos la elaboración del presupuesto de cada año en la Consejería de Empleo uno de los elementos que tenía en cuenta era la consulta de las memorias de cuentas anuales de IFA/IDEA, «que las conocía al examinar los déficit de los que informaba la Consejería en cada anteproyecto de presupuesto».

Según expone la Audiencia, ese «desfase negativo» ascendió a 30 millones en 2002, a 38 millones en 2003, a 93 millones en 2004, a 95 millones en 2005, a 58 millones en 2006, a 40 millones en 2007 y a 33 millones en 2008, señalando que «este desfase continuado y sostenido no pudo pasar inadvertido al apelante».

A juicio del tribunal, «estos déficit se mantuvieron de manera continuada durante años parece que a ciencia y paciencia, entre otros, del apelante, quien no puso coto a esta sangría presupuestaria», a lo que se suma que las modificaciones presupuestarias que incluyeron transferencias de financiación en la Consejería «ascendieron a ocho en su mandato».

«Los indicios apuntan a que intervino en la tramitación de todas ellas con conocimiento del uso perverso que de ellas se efectuaba en la Consejería de Empleo», resalta la Audiencia.

En el auto relativo a Antonio Estepa, que fue secretario general de Hacienda del 21 de mayo de 2000 al 15 de mayo de 2004, el tribunal afirma que, «como tal secretario general, tras el consejero y el viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda, era el primer mando en el área de Hacienda, la que tenía atribuida la competencia presupuestaria».

«Patente»

El acusado señalaba en su recurso que no tenía competencia alguna en materia presupuestaria, pero la Audiencia manifiesta que «Jera uno de los máximos responsables en materia presupuestaria, como lo revela el hecho de que era el impulsor y coordinador de la misma, aparte de estar orgánicamente adscrita a esa Secretaría General la Intervención General de la Junta».

«Parece que desde el punto de vista jurídico administrativo la relación directa del apelante tanto respecto a la Dirección General de Presupuestos e Intervención General era patente», prosigue la Audiencia, que agrega que, por todo ello, «se puede predicar indiciariamente que tenía capacidad decisoria en materia presupuestaria».

El tribunal indica que «es cierto que tan solo aparece en las modificaciones presupuestarias en una ocasión», pero esta modificación «tuvo lugar antes de que las transferencias de financiación se incluyeran en el presupuesto de la Consejería de Empleo», un dato que «es de suma importancia puesto que coincide con la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuestos del año 2002, en el que por primera vez se incluyeron en el presupuesto esas transferencias».

«Y es de importancia porque precisamente el apelante en la elaboración del anteproyecto citado formaba parte del grupo de trabajo que, según el artículo 6.1.2 de la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se dictaron normas para la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, analizaba los programas presupuestarios de las distintas consejerías», argumenta.

«Hito»

A todo ello hay que añadir que, de su propia declaración, «se infiere su participación en la inclusión de las transferencias de financiación en la Consejería de Empleo, que se introdujeron por primera vez en los presupuestos para el año 2002». «Puesto que trabajaba en la elaboración del presupuesto para el año 2002, es razonable pensar que por su cualificación profesional -inspector de Hacienda- tuvo que percatarse de lo que se hacía, máxime si se tiene en cuenta que en el año 2001 informó la memoria justificativa de la modificación presupuestaria indicada», resalta.

Asimismo, la Audiencia manifiesta que, en su declaración, este ex alto cargo «admitió que por la enfermedad del director general de Presupuestos en el año 2001 con otros compañeros se volcó en los quehaceres de esa Dirección General, lo que denota que pudo participar en uno de los hitos del procedimiento específico, cual es la inclusión» de las transferencias de financiación en el presupuesto de la Consejería de Empleo.