El antiguo presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre en el Partido Popular de la región, durmió ayer en la prisión de Soto del Real acusado de liderar una organización criminal que anidó en el Canal de Isabel II, la poderosa empresa que gestiona las aguas de Madrid.

Esta operación -que suma ya nueve detenidos y más de una veintena de investigados- estrecha el cerco sobre una era del PP de Madrid, acorralado en diversas causas de corrupción, y debilita la frágil continuidad de Aguirre, portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño.

El juez del caso, Eloy Velasco, encarceló ayer a González para que no se fugue ni entorpezca la investigación, una medida cautelar que le pidió la Fiscalía Anticorrupción. González declaró como imputado ante el magistrado durante casi tres horas, dos días después de ser arrestado por la Guardia Civil, ante quien no tuvo tiempo de declarar al ser trasladado al juzgado, según informaron fuentes de la investigación.

El expresidente del Gobierno regional se siente «desconcertado» por lo sucedido y negó al juez las pocas acusaciones que le atribuyen que conoce, al estar secreta la investigación, según informaron fuentes jurídicas.

Cuentas ilocalizadas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sabe que González oculta su patrimonio personal en cuentas en el exterior que «aún no han sido localizadas» aunque confía en poder seguir el rastro del dinero gracias a la documentación intervenida. «Si le alertaron de la investigación fue de forma genérica pero creemos que no ha destruido documentos esenciales», señalan las fuentes consultadas, sobre el chivatazo de una magistrada, cuya identidad los investigadores aún no han conseguido averiguar

A González le acompañó ayer a prisión el enlace de la red corrupta en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien el expresidente colocó como al frente de la matriz del Canal en Iberoamérica, la empresa Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A), cuya adquisición es uno de los focos a los que apunta la investigación. Javier López Madrid, el consjerero de OHL, ingresará en prisión si no abona una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril, igual que el antiguo director de la Agencia de Informática de la Comunidad José Martínez Nicolás.

El magistrado acusa a la trama al menos de un desvío de 23,3 millones de euros de las arcas públicas madrileñas, un desfalco provocado en la compra por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao. Esta operación -relatada por el juez en el auto de prisión de los dos investigados el jueves, al que accedió ABC- se llevó a cabo «con el pago de comisiones prohibidas» y sin atender a los informes de los técnicos. Este dinero se destinó a «cuentas bancarias de terceros países con opacidad respecto a los titulares reales». Los hechos constituyen delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación y fraude, según el juez.

El también encarcelado Rodríguez Sobrino, consejero de «La Razón», ocultó en Suiza una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, según uno de los autos de los registros de la causa, informa Efe. Rodríguez Sobrino defendió ante el juez que no hay pruebas que acrediten los movimientos de capital de los que le acusan, informaron a ABC fuentes jurídicas. Su secretaria, Clarissa Guerra Soto, también imputada en la causa, quedó libre con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, tras ser interrogada.

Otros dos eslabones de la trama y del círculo cercano a González, su hermano Pablo González y su cuñado Juan José Caballero (vinculados a las empresas investigadas Mercasa y Tecnoconcret), ingresan en prisión hasta que abonen fianzas de, respectivamente, 4 millones de euros y 100.000 euros.

La investigación -bautizada operación Lezo en honor al almirante español Blas de Lezo, que defendió de los ingleses a Cartagena de Indias, la ciudad colombiana en la que González fue visto con bolsas blancas de contenido desconocido- pretende desentrañar, por un lado, el enriquecimiento personal de los miembros de la trama; por otro, probar la financiación ilegal del PP madrileño y, en tercer lugar, demostrar la pérdida patrimonial de la Comunidad de Madrid derivada de la compra de sociedades relacionadas con el Canal de Isabel II en Iberoamérica, tanto por la sobrevolaración al adquirirlas como por una eventual devaluación de las mismas.

Las pesquisas ya han acreditado que los investigados se saltaron los procedimientos públicos. Para adquirir más del 51 por ciento de una sociedad en el extranjero, los gestores del Canal necesitaban que lo aprobara el Consejo de Gobierno presidido por Esperanza Aguirre antes de González.

Ahora hay que determinar si falsearon esos proyectos o bien existió connivencia política, algo que aún no se ha podido acreditar. Los investigadores rastrean el desvío de esos 23,3 millones de euros que acabaron en una cuenta suiza, aunque el agujero puede llegar a los 60 millones.

La trama se articula en torno al Canal de Isabel II con su expansión suramericana y con desvío de fondos tanto para los bolsillos de González y los suyos, como en mucha menor medida para el partido y en torno a las adjudicaciones de la empresa pública ICM (Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad) con contratos inflados que engrosaban también las finanzas del partido (aquí también se habría detectado facturación falsa). Una tercera pata tendría que ver con la constructora OHL y en menor medida otras empresas a las que se ha requerido documentación.

Los efectos de esta investigación se prevén imprevisibles. La Guardia Civil registró el jueves las sedes en Madrid grandes empresas -OHL, Indra, Licuas, Saerco y PwC- en busca de información sobre adjudicaciones recibidas del Gobierno regional con González al frente. Uno de los focos de la causa es averiguar si parte de los pagos de estas firmas fueron a parar a las arcas del PP de Madrid. Uno de estos pagos sospechosos es el abono de 1,4 millones de euros que OHL hizo llegar a González por la concesión de las obras del tren a Navalcarnero. Parte de ese dinero, abonado desde una sociedad de México a una cuenta en el extranjero, habría engordado el bolsillo de González; el resto a la caja del PP, según las sospechas.

El juez Eloy Velasco acuerda prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez y para el ex presidente de Inassa, Edmundo Rodriguez Sobrino. Para Pablo Gonzalez y Juan Jose Caballero el juez acuerda prisión eludible bajo fianzas de 4 millones de euros y de 100.000 euros a Juan Jose Caballero.

En el caso del consejero de OHL, Javier Lopez Madrid y del ex director de ICM, Jose Martinez Nicolas el juez acuerda la libertad que se convertirá en prisión si no depositan 100.000 euros antes de las 12 horas del 28 de abril. Los hechos investigados en principo constituyen delitos de organizacion criminal, blanqueo, falsificacion, prevaricacion, malversacion y fraude.