Dice el artículo 24 de la Constitución que “todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Por su parte, el artículo 117 de la Constitución dice que “los jueces y magistrados” serán “independientes” y estarán “sometidos únicamente al imperio de la ley”, y el artículo 122 configura el “Consejo General del Poder Judicial”.

Pues bien, la independencia de los jueces y tribunales supone, la independencia de su órgano rector, y sin la independencia de dicho órgano rector no existe la independencia del poder judicial, y sin la independencia del poder judicial no existe democracia verdadera, porque la independencia de los llamados tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es la piedra base de la misma.

Pero esta piedra base se quiebra, porque los miembros del poder judicial los nombra el poder legislativo, y, a la hora de la verdad, los partidos consensuantes. Si sería anómalo que los jueces eligieran a los diputados, absurdo es que los diputados elijan a quienes han de constituir el Consejo General del Poder Judicial, que de este modo, aunque quiera, no puede ser independiente ya que moralmente se haya vinculado al partido político que lo eligió.

Lo que quiere decir, que tampoco son independientes los jueces y magistrados que, por una parte han de responder al dictar sentencia, a su concepto personal de la justicia -que difiere según la asociación profesional e ideológica a que están afiliados-, y por otra, se hayan sometidos en su riguroso, delicado y trascendente quehacer a una triple presión: la política, la mediatica, y la proetarra.

De aquí, no sólo el descrédito de la justicia, sino los insultos y ofensas que recibe de portavoces oficiales, y que han derivado en ese amilanamiento de los miembros de la judicatura, cuando tienen que enfrentarse a separatistas, proetarras y podemitas.

María del Carmen Tagle.

Es mucho más democrático, y hasta cómodo diría yo, languidecer y dar jabón a proetarras y podemitas, antes que garantizar el orden constitucional establecido. Los guardias civiles agredidos salvajemente en Alsasua, y sus familiares, no cercarán el domicilio de ningún juez o fiscal; no perseguirán, insultarán ni agredirán a nadie. Por eso no se les teme y pueden ser ignorados, ninguneados y finalmente olvidados. Tan olvidados, que todos hemos sido testigos del recibimiento en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos y sus confluencias junto a ERC, PNV, PDeCAT -con el beneplácito de la presidente de la Cámara, Ana Pastor-, a familiares de los agresores de Alsasua. Y mientras, el sumario por aquellos hechos va pasando de mano en mano como una falsa moneda, hasta que quede diluido como un azucarillo quedando absolutamente en nada.

Convendrán conmigo, que la valoración que la sociedad hace, y el concepto que tiene de la justicia, es la de una institución débil, tímida, cobarde y asustadiza. Prueba de ello, fue la agresión que sufrió la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi en febrero de 2017, sin que tuviese tan siquiera el respaldo de sus mismos compañeros ¿Razones? Pues que la señora Magaldi representaba al ministerio público en el juicio del 9-N. Según sus propias palabras: “Me insultaron. Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda, vete de Cataluña, fuera”. Y no ha pasado absolutamente nada.

Ningún acontecimiento de los que están teniendo lugar en España en el ámbito social, político o judicial, han surgido por reacción espontánea. Todos forman parte de una hoja de ruta perfectamente diseñada. Ejemplo: doña Carmen Tagle González (DEP), fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada el día 12 de Septiembre de 1989 por los etarras Henri Parot y Jacques Esnal, con información suministrada por Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, hizo unas declaraciones en las que afirmaba: “…de nada sirve que un asesino acumule mil años de cárcel porque no va a cumplir ni siquiera treinta, ya que va a entrar en juego la redención de penas por el trabajo, el buen comportamiento en prisión y otras ventajas que invalidan absolutamente no sólo el valor de una sentencia, sino la esencia misma de la justicia”. Poco después, cinco disparos acabaron con su vida, uno de ellos, en la nuca para rematarla.