Carmen Marín, a su salida del juicio.

El juicio por presunto maltrato animal contra la presidenta de la protectora de Torremolinos, Carmen Marín, y su ayudante, Felipe Barco, quedó ayer visto para sentencia. El procedimiento, que ha generado una enorme expectación, tuvo que prolongarse una sesión más de lo previsto por la acumulación de testimonios y documentación. En la cuarta y última jornada, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, declararon los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) que inspeccionaron las instalaciones de la protectora en octubre de 2010, tras ser informados por varios trabajadores del supuesto sacrificio masivo e injustificado de cientos de animales. Los guardias civiles confirmaron haber visto perros y gatos que habían sido «congelados vivos», y por lo tanto no presentaban rigor mortis, en los congeladores del centro, además de varios cadáveres en los contenedores.

Los agentes recordaron ayer que, durante la primera inspección, encontraron 20 envases del producto eutanásico dolethal y un albarán en el que figuraba la compra de 24 de estos botes: «Llamaba la atención que fueran tantos». Marín, que durante años predicó una política de ‘sacrificio cero’, alegó entonces que el alto número de animales fallecidos se debía a un brote de parvovirosis. Uno de los agentes aseguró que las conclusiones desprendidas de las entrevistas a trabajadores y socios de la protectora revelan que «lo anormal era que un día no hubiera sacrificios». El jefe de la Unidad explicó que a los agentes «les pareció muy elevado» el número de animales sacrificados, que según los listados enviados al Ayuntamiento de Torremolinos eran más de 700 en apenas cinco meses.

Aunque varios testigos habían mencionado en sesiones anteriores «la relación de amistad» que mantenían Marín y el exalcalde de esta localidad, Pedro Fernández Montes, la gestión del Consistorio no salió a relucir hasta ayer. Los agentes relataron que la asociación presidida por Carmen Marín recibió la concesión para la recogida y traslado de animales mediante un decreto de Alcaldía «pese a que no cumplía con el pliego de condiciones» y denunciaron que el Ayuntamiento «no colaboró con nosotros de manera alguna» en la investigación. Los testimonios del Seprona también coincidieron en señalar que los funcionarios «siempre mostraron una actitud de colaboración e incluso querían declarar», pero el entonces concejal de Medio Ambiente, Plácido González, «se lo prohibió». Un agente añadió que, a raíz de las informaciones ofrecidas por los trabajadores municipales, «que estaban indignados», fue posible saber que el Consistorio «había facilitado los listados de incineraciones» a Marín para que supuestamente añadiera las firmas de veterinarios que justificaban los sacrificios. La todavía presidenta de la asociación, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por tres presuntos delitos, reiteró ayer ser «inocente» de todas las imputaciones y achacó los testimonios a un afán de «destrozar el albergue porque era una competencia» para otros centros.