Geert Wilders.

Judith Bergman.- Un tribunal de La Haya decidió el 14 de octubre que las acusaciones de incitación al odio contra el político Geert Wilders, por unas declaraciones suyas en marzo de 2014 durante un mitin político, son admisibles en una corte judicial. Rechazaba así la apelación de Wilders para que se desestimaran las acusaciones por ser inadmisibles en un tribunal, sobre la base de que son asuntos políticos y que un juicio equivaldría efectivamente a un proceso político. El juicio penal contra Wilders comenzará el lunes 31 de octubre.

Wilders, haciendo campaña en La Haya en marzo de 2014, defendió la necesidad de que hubiese menos marroquíes en los Países Bajos. En un acto electoral en La Haya, le hizo a los presentes una serie de preguntas, entre ellas la siguiente: “¿Quieren que haya más marroquíes, o menos?” Después de que la multitud respondiera que “menos”, Wilders dijo: “Arreglaremos eso”.

Geert Wilders, en su discurso de marzo de 2014 en el que preguntó: “¿Quiere usted más o menos marroquíes?”. (Imagen: pantallazo de nos.nl).

A causa de las declaraciones sobre los “menos marroquíes”, repetidas en una entrevista unos días después, Wilders será juzgado acusado de dos cargos: el primero, “insultar deliberadamente a un colectivo de personas a causa de su raza». El segundo, “por incitar al odio o la discriminación contra esas personas”.

El abogado defensor de Wilders, Geert Jan Knoops, ha sostenido que el juicio equivale a un juicio político contra Wilders y su partido, el PPV: “Los asuntos delicados deben ser juzgados por la opinión pública o mediante las urnas”, dijo. “El fiscal está pidiendo de manera indirecta una sentencia sobre el funcionamiento del PVV y su programa político. El tribunal no debe interferir en esto”.

Como político, Wilders puede decir más cosas que un ciudadano corriente, dijo Knoops, aduciendo que Wilders utilizaba sus palabras para señalar las deficiencias del Estado holandés. “Es su deber denominar esas deficiencias. Está asumiendo su responsabilidad y propone soluciones”. Knoops alegó que el fiscal está coartando la libertad de expresión de Wilders al juzgarle por sus declaraciones.

La respuesta del tribunal fue que, aunque los políticos tienen derecho a la libertad de expresión, deberían “evitar declaraciones públicas que alimenten la intolerancia”, y que el juicio determinaría dónde se deben establecer las fronteras entre la libertad de expresión de los políticos y su obligación –como considera el tribunal– de evitar declaraciones públicas que alimenten la intolerancia.

Otros políticos, todos, llamativamente, del del Partido Laborista, han proferido lo siguiente sobre los marroquíes sin que hayan sido procesados por ello:

?”También tenemos marroquíes de mierda por aquí” — Rob Oudkerk, político del Partido Laborista holandés (PvDA).
?”Tenemos que humillar a los marroquíes” — Hans Spekman, político del PvDA.
?”Los marroquíes tienen el monopolio étnico en la creación de problemas” — Diederik Samsom, político del PvDA.

El tribunal desestimó las alegaciones del abogado defensor de Wilders, según las cuales el hecho de que no se haya juzgado a estos políticos hace que el juicio contra Wilders sea discriminatorio. El tribunal dijo que, como las declaraciones de los otros políticos se produjeron en momentos, lugares y contextos distintos, no se pueden equiparar a las declaraciones de Wilders y que, por dicha razón, el tribunal considera que no hay una vulneración del principio de igualdad.

Sin embargo, las declaraciones de esos otros políticos eran, objetivamente, mucho más graves en su uso del lenguaje (“marroquíes de mierda”) y podrían considerarse una incitación directa (“Tenemos que humillar a los marroquíes”). ¿En qué otro momento, lugar y contexto cabría la posibilidad de que las citadas declaraciones fuesen más aceptables que preguntar a los votantes si quieren que haya más o menos marroquíes? ¿Y qué circunstancias legitimarían llamar a alguien “mierda” por su origen étnico?

Es profundamente problemático que el tribunal, ya en su sentencia preliminar, y antes de que el propio juicio haya comenzado, comprometa de manera tan evidente su imparcialidad y objetividad. Para el mundo exterior, este tribunal ha perdido su imparcialidad. ¿Hay otros tribunales europeos que también se estén sometiendo silenciosamente a los valores yihadistas que restringen la libertad de expresión y las posturas políticas “inconvenientes”?

Los Países Bajos forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Esto significa que los tribunales holandeses están obligados a interpretar la legislación doméstica de manera compatible con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos estipula que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. […]

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[1] ha declarado que el Artículo 10 no sólo protege la información o las ideas que se consideran inofensivas, sino también aquellas que ofenden, escandalizan o perturban. Esto es lo que exige el pluralismo, la tolerancia y mentalidad abierta sin las cuales no existe una sociedad democrática. También se protegen las opiniones expresadas con un lenguaje fuerte o exagerado.

Aún más importante en el contexto del juicio contra Wilders es el hecho de que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el grado de protección depende del contexto y el propósito de la crítica. En materias que son objeto de controversia pública e interés público, durante un debate político, en campañas electorales […] cabe esperar un lenguaje fuerte y críticas duras, y será tolerado en mayor grado por el Tribunal. [énfasis de la autora]

Repasemos qué dijo Wilders y en qué contexto lo dijo: “¿Quieren que haya más marroquíes, o menos?” Después de que la multitud respondiera que “menos”, Wilders dijo: “Arreglaremos eso”. Repitió sus declaraciones en una entrevista posterior, donde dijo: “Cuantos menos marroquíes, mejor”.

El contexto en el que lo estaba diciendo era una campaña electoral en marzo de 2014 con el trasfondo de unos considerables problemas con los marroquíes en los Países Bajos. Según el periodista holandés Timon Dias:

“Las estadísticas demuestran que el 65 % del total de jóvenes marroquíes ha sido detenido por la policía, y que un tercio de ese grupo ha sido arrestado más de cinco veces”.

Wilders subraya los exorbitantes costes asociados a una cantidad sumamente desproporcionada de marroquíes holandeses registrados como beneficiarios de los servicios sociales que lo son de manera fraudulenta.

Ahora bien: si eres político y te preocupa el futuro del sistema del bienestar de tu país, deberías poder, como es lógico, debatir los asuntos de actualidad que correspondan, incluidos los problemas que existen con los inmigrantes y otros grupos de población. Este debate sólo tendrá sentido en una sociedad democrática si se lleva a cabo en público, y más aún con los votantes en un mitin político durante una campaña electoral. Preguntar a los votantes si quieren que haya menos marroquíes en su ciudad o su país puede parecer grosero para unos y ofensivo para otros. Sin embargo, a tenor de lo estipulado por la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos humanos, que protege de manera específica el discurso político con un margen muy amplio, y en especial el de los actores políticos y las campañas políticas, es muy difícil ver –si no imposible– cómo la pregunta planteada por Wilders podría considerarse legítimamente afectada por el Artículo 10 (2).

Según el artículo 10 (2), se puede restringir la libertad de expresión cuando constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Wilders no incitó a la violencia o a la persecución (o humillación), ni puso en peligro la seguridad nacional, o la seguridad pública o cualquier otro punto de los mencionados arriba.

Es más difícil entender cómo las palabras “Tenemos que humillar a los marroquíes”, del político laborista Hans Spekman –que no fue juzgado– pueden ser legítimas, ya que constituyen una incitación directa a algún tipo de humillación contra los marroquíes. Pero, de nuevo, Hans Spekman no es Geert Wilders.

Es evidente que en los Países Bajos la justicia ya no es ciega y que los tribunales ya no son instituciones públicas independientes e imparciales. Esto debería ser motivo de honda preocupación para todos los ciudadanos holandeses.