Llenazo en la Monumental de Barcelona en la última corrida de toros celebrada, en septiembre de 2011

La victoria del mundo del toro con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que levanta la prohibición de las corridas en Cataluña acarreará muchas consecuencias. No solo deja claro que el Parlament invadió competencias del Estado al abolir un patrimonio cultural común como es la tauromaquia, sino que, además, la sentencia del más alto tribunal puede influir en los litigios judiciales en curso sobre las indemnizaciones a los afectados, que tiene pendiente de dirimir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Desde de que el Parlament aprobó el veto a las corridas –en julio de 2010, pero con efectos a enero de 2012–, la Generalitat recibió un total de 29 solicitudes de compensación, que sumaban unos 24 millones de euros en indemnizaciones. Se amparaban en las compensaciones que contemplaba la propia ley catalana que abolió la Fiesta.

Los demandantes más destacados fueron los propietarios de la Monumental, la familia Balañá, así como la empresa que organizaba la temporada en el coso barcelonés, Funciones Taurinas SA, representada por Antonio García Jiménez, conocido como Toño Matilla en el mundo taurino. También reclamaron una decena de toreros, veterinarios y empresas de transporte de ganado y publicidad… Finalmente, la Generalitat, a través de la Consejería encargada, la de Economía, rechazó todas las peticiones de indemnización menos la de los mandamases del coso. Entendía que el resto no debían ser resarcidos, no podían alegar que sufrían un lucro cesante, porque podían desarrollar su actividad económica en el resto de España.

El alto mantenimiento de la plaza

En el caso de los Balañá, el gobierno catalán concluyó en 2014 que debía ser compensado con 329.699 euros. En concepto de obras de mantenimiento y por «daños emergentes» derivados de la «obsolescencia» sobrevenida del edificio de la plaza, que está habilitado especialmente para corridas y que tiene además un grado de protección como bien cultural que limita algunos usos.

«Se hace un reconocimiento a la tauromaquia como patrimonio cultural común de todos los españoles, algo que no se puede trocear»Javier Araúz de Robles

Balañá recurrió ante el TSJC la indemnización al considerarla manifiestamente insuficiente. También lo hizo Matilla y otros cuatro afectados a los que le denegaron una compensación. Según confirmaron a ABC fuentes de la Generalitat, el TSJC decidió que no resolvería estos contenciosos hasta que el TC fallara sobre la prohibición.

La Consejería de Economía de la Generalitat aseguró que «estudian» los efectos que pueda tener el fallo del TC en el asunto de las indemnizaciones. Lo mismo hará el TSJC, aunque ambos están a la espera de recibir la notificación de la sentencia, algo que podría producirse en una semana.

Los mayores afectados

Con todo, el fallo del TC abre la puerta a que tengan que pagar las indemnizaciones correspondientes tanto a Balañá como a Matilla, por no poder ejercer su derecho a la libertad de empresa durante los años de censura a los toros. En total, cinco temporadas, pues la última corrida se celebró el 25 de septiembre de 2011 con una tarde de «No hay billetes» que elevaría el lucro cesante. En el caso de la propiedad, por el mantenimiento (millonario) que supone el inmueble, la indemnización solicitada podría superar los siete millones de euros y más de uno para Matilla, uno de los mayores afectados al no poder desarrollar su negocio en este lustro en la plaza en la que había sido contratado.

Precisamente Toño Matilla fue uno de los impulsores del recurso presentado en el TC por el Partido Popular en el Senado, con Pío García Escudero a la cabeza. Junto a ellos, el abogado Javier Araúz de Robles, encargado de redactar el texto que el pasado jueves dio el triunfo a la libertad y a la Fiesta. «El fallo del TC es un síntoma de que esto favorece la condena a la administración a pagar, aunque no es determinante», explica Araúz de Robles. «La ley catalana ya preveía compensar a todos los afectados. Y, lógicamente, aquel cuyo negocio es organizar corridas ha sido gravemente perjudicado. Ahora, una vez que la ley catalana ha sido declarada insconstitucional, se hace más patente la antijuridicidad».

Conocedor de las amenazas del gobierno catalán, en caso de que no permitieran a los organizadores celebrar corridas en 2017 «el comportamiento antijurídico sería aún más grave». Araúz se muestra convencido de que «la empresa gestora, Funciones Taurinas, va a dar toros, porque es su voluntad y su negocio y lo va a intentar. Habrá trabas, sí, pero recuerdo que la Monumental está en perfecto estado de uso». Impecable, como para dar toros mañana mismo, como es el deseo del viejo Balañá, pese a las presiones a las que podrían verse sometidos sus herederos, dueños de un imperio de cines y teatros…

Más allá de las posibles indemnizaciones –que saldrían del bolsillo de los catalanes–, el abogado que trabajó en silencio junto a Matilla para devolver la libertad taurina a Cataluña muestra su satisfacción por «el reconocimiento que se hace a la tauromaquia como patrimonio común de todos los españoles, algo que no se puede trocear y que por tanto impide a otras comunidades y ayuntamientos prohibir los toros».