Monumental de Barcelona.

A. Amorós.- Seis años ha necesitado el Tribunal Constitucional para resolver favorablemente el recurso, presentado por el Grupo Popular, contra la prohibición de los toros en Cataluña. La Generalitat menoscabó las competencias del Estado para preservar el patrimonio cultural español, del que forma parte la Tauromaquia (así se declaró por ley, como conclusión de una Iniciativa Legislativa Popular). ¿Qué va a pasar ahora?

Este fallo, favorable al recurso, implica, automáticamente, la abolición de la ley que prohibió los toros en Cataluña. Contra esta sentencia, no cabe nuevo recurso en la Justicia española.

Si la Generalitat aceptara este fallo, bastaría con que los profesionales taurinos volvieran a organizar corridas de toros en Cataluña, con los trámites habituales en el resto de España. Parece claro que esto no va a suceder.

Ya ha anunciado la Generalitat que no va a dar marcha atrás: le bastará con sacar alguna nueva disposición, de orden administrativo o urbanístico, que deba cumplir la Plaza de Barcelona, por ejemplo, antes de que se anuncie un nuevo festejo taurino. Si esas disposiciones son de muy difícil cumplimiento, harán prácticamente imposible que el empresario pueda organizar nuevas corridas; además, a ese empresario no le conviene chocar frontalmente con la Generalitat porque puede perjudicarle, en el resto de sus negocios. Dirán algunos que eso será un caso claro de fraude de ley o abuso del derecho, pero es una estrategia que la Generalitat ya ha utilizado.

También podrá la Generalitat, simplemente, desconocer ese fallo constitucional. Por muy absurdo que parezca, no será la primera vez que eso suceda. En ese caso, ¿quién le obligaría a cumplirlo? El actual Gobierno dotó al Tribunal Constitucional de capacidad ejecutiva, pero no tengo noticia de que la haya ejercido nunca. Supongo que, aunque ingenuamente pueda parecer un refuerzo de su labor, a los componentes del Constitucional no les hace gracia que el Gobierno les pase la patata caliente: ellos son poder legislativo, no ejecutivo. Es el Gobierno el que debe poner los medios para obligar a que una ley se cumpla. ¿Lo ha hecho en temas más graves, como la lengua española o el proceso independentista? Está claro que no. Pero algún ingenuo puede preguntarse: ¿para qué nos sirve un gobierno, si no es capaz de lograr que se cumplan las leyes?

En todo caso, este es un día feliz para los amantes de la Tauromaquia y de la libertad. A partir de ahora, será más difícil coartar nuestra libertad de ir a los toros.