La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció el miércoles que, atendiendo a la petición de su partido, ha solicitado baja del Partido Popular pero no renunciará a su acta de senadora después de que el Tribunal Supremo anunciara la víspera que la investigará por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Barberá saldrá del partido después de que varias voces de la formación, especialmente desde Galicia y País Vasco donde están inmersos en campaña electoral, pidiesen la dimisión de la veterana política.

“He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales”, añadió.

Al mismo tiempo, rechazó tajantemente las peticiones de dimisión como senadora que exige la oposición y que impide que sea juzgada por un tribunal ordinario.

“Expreso mi voluntad de no dimitir del Senado”, dijo Barberá en un comunicado, en el que reiteró que no ha participado en ningún acto ilegal.

La senadora se vio salpicada por la investigación de una presunta trama de corrupción de la rama del Partido Popular en Valencia por una supuesta financiación irregular de la formación y blanqueo de capitales.

El juez instructor que lleva la causa en la región tuvo que elevar la investigación de Barberá al Supremo por su condición de aforada al ser senadora, lo que implica que solo puede ser investigada por el alto tribunal. El magistrado consideró que Barberá no había dado explicaciones suficientes por una donación de 1.000 euros realizada a su partido.

La investigación trataría de esclarecer si Barberá, que mantendrá su condición de aforada al no renunciar a su acta de senadora, habría recibido a cambio de la donación dos billetes de 500 euros y, por tanto, cometido un presunto delito de blanqueo de capitales.

Poco después de conocerse la decisión del Supremo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, condicionó el apoyo de su partido a cualquier nuevo intento del presidente en funciones Mariano Rajoy para ser investido presidente a la dimisión de Barberá, tras un acuerdo alcanzado entre el PP y C’s que incluía medidas anticorrupción.

El anuncio del Supremo se sumó a una serie de próximas citas en los tribunales de ex altos cargos del PP, como en los casos de las “Tarjetas Black” y “Gurtel”, lo que podría aumentar las dificultades de Rajoy, ganador de las elecciones, para formar gobierno tras ocho meses de ejecutivo en funciones.