Un grupo de turistas se hace una foto a la entrada de la catedral en Palma de Mallorca.

“Tourist go home” (“Turista, vuelve a casa”). Esta frase pintada en una pared de Mallorca resume la frustración que comienza a extenderse por la isla del archipiélago de Baleares, ante la creciente avalancha de visitantes, atraídos por el clima y las playas.

La isla del Mediterráneo, de un millón de habitantes, prevé recibir este año a más de 10 millones de turistas, un nuevo récord.

La situación ha llegado a tales extremos que en junio una pareja francesa que visitaba Mallorca y Menorca se vio obligada a cancelar una parada en una popular cueva, clausurada por la policía ante la muchedumbre. “Nunca nos imaginamos que fuese posible”, afirmó Mathilde Boudet, de 32 años.

Ya tercer destino mundial, España disfruta de un aumento del turismo. Pero los habitantes de lugares concurridos como Palma, la capital de Mallorca, se quejan de la escalada de los precios de las propiedades y los alquileres, aun cuando reconocen el beneficio económico del turismo.

Algunas personas han ventilado su rabia sobre la paredes del centro histórico de Palma: “El turismo está destruyendo nuestra ciudad” o “Turista, vuelve a casa, bienvenidos, refugiados”. Los grafitis fueron cubiertos rápidamente por los trabajadores municipales.

En Mallorca, cerca del 80% de la economía depende del turismo.

Precios prohibitivos

Desde hace tiempo, esta isla es destino popular de alemanes e ingleses, que aprovechan los paquetes vacacionales con todo incluido y los vuelos de bajo coste.

Muchos extranjeros deciden hacerla su residencia permanente, atraídos por sus playas y su clima privilegiado. El 40% de las ventas de propiedades en Mallorca se hacen a extranjeros, según la agencia de bienes raíces alemana Engel & Voelkers.

Así las cosas, los precios se han vuelto prohibitivos para los mallorquines, deplora Jacinta Galindo, presidenta de la asociación de vecinos del antiguo barrio de pescadores de Santa Catalina, ahora de moda, con sus tradicionales casas de persianas verdes.

Allí, una casa de pescadores transformada en lujoso tríplex se vende por 577.500 euros. Tiendas de artículos ‘vintage’ o de motocicletas Vespa reemplazan poco a poco a los locales tradicionales.

Con una tasa de ocupación del 90% en temporada alta, los comerciantes y dueños de hoteles de la isla no protestan. Pero algunos temen verse obligados a partir: en Santa Catalina, el alquiler de un apartamento de dos habitaciones puede ser de 700 euros. El salario medio de un camarero es de entre 1.100 y 1.200 euros.

Pese a las quejas, Galindo asegura que las pintadas en las paredes fueron “un caso aislado”.

Impuesto al turismo

No muy lejos de ahí, en el céntrico barrio de La Seu, los habitantes quieren que la llegada de los cruceros esté mejor repartida.

Estos gigantes del mar, que hoy evitan Túnez y Turquía por los ataques terroristas, descargan a miles de turistas en pocas horas horas, señala Luis Clar, presidente de la asociación de vecinos.

“Hay un porcentaje, no muy alto todavía, pero sí que hay un porcentaje de gente que está cuestionando el efecto del turismo”, admite Biel Barceló, encargado de ese sector en el Gobierno de Baleares.

El Gobierno implantó un impuesto al turismo de hasta dos euros a las personas que se quedan a dormir, lo que espera le reporte 60 millones de euros. Ese dinero será destinado a la protección del patrimonio y el medio ambiente.

Para los ecologistas de la asociación GOB, la tasa es insuficiente. Temen que el incremento del turismo esté poniendo demasiada presión sobre los recursos naturales. A su juicio, se debería limitar el alojamiento.

En Mallorca, la oferta hotelera es de 230.000 camas, según las cifras de la industria. El número no incluye las casas particulares que se ofrecen a través de páginas de internet como Airbnb. Todo ello contribuye a una “sensación de saturación”, dice Margalida Ramis, portavoz de GOB.

Mallorca se ha vuelto “la hija pequeña de Barcelona”, lamenta Ramis, en referencia a la segunda ciudad española, que se ha enfrentado a su vez la escalada del turismo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejó de emitir en 2015 nuevas licencias para hoteles e introdujo severas multas para el alquiler ilegal de apartamentos a turistas