El desabastecimiento y la escasez de productos básicos empieza a revelar un clima de “crispación” social en Venezuela, donde a los altos índices de violencia y criminalidad, se suman ahora el deterioro en la calidad de vida del ciudadano y la creciente preocupación por la crisis económica.

Para algunos analistas consultados, la compleja distribución de productos de la cesta básica, que explica las largas filas en las calles del país petrolero, se ha convertido en el “ejemplo perfecto” de la violencia social, institucional y criminal que padece el venezolano.

Según el criminalista y abogado Fermín Mármol García, en Venezuela coexiste una violencia “desde las instituciones”, otra social que atribuye a la pérdida de la calidad de vida del ciudadano y se manifiesta en protestas, linchamientos y saqueos, y una criminal cometida por bandas de delincuentes.

Mármol García puntualiza que detrás del tema alimenticio se han generado unos niveles de violencia que “nos convierten en una sociedad muy primitiva”.

Los empujones, gritos e incluso discusiones que puedan registrarse en medio de las filas son, a su juicio, ejemplos de la violencia social, mientras que tipificó como “violencia institucional” la asociada a la venta de comida según la inclinación política de la persona o bajo ciertas condiciones.

Por cuenta de la violencia criminal, el país “aparece como segundo” en el continente americano en homicidios y con una perspectiva de cerrar este año con 3.000 secuestros denunciados formalmente, estimó Mármol León.

Cifras de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) indican que el año pasado el país alcanzó una tasa de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes.

Esta estadística es tres veces mayor que la tasa de Colombia (32 por cada 100.000 habitantes), cuatro veces más que la de Brasil y cinco veces por encima de la de México, según el sociólogo y director de OVV, Roberto Briceño.

A esta percepción ciudadana de inseguridad se ha sumado en los últimos meses la urgencia de adquirir productos de la canasta básica en medio de filas en las que crece el descontento.

En Venezuela, los productos de la canasta básica, principalmente los subsidiados, se distribuyen a través de establecimientos privados y de una red estatal de comercios con días de compra asignados según el último dígito del número de cédula de la persona y en cantidades que dependen de la disponibilidad.

Al margen de este sistema, ha crecido un mercado paralelo de productos, principalmente subsidiados, que son ofrecidos a precios que en ocasiones triplican al oficial y que es operado por los denominados “bachaqueros”.

Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro creó recientemente los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), integrados por juntas de vecinos y que la oposición considera vinculados al chavismo, para encargarse de la producción y entrega de los artículos básicos.

La llegada a cuentagotas de alimentos y la resistencia en algunos sectores a los CLAP han generado focos de protestas en distintos puntos del país, que ya han dejado al menos cuatro muertos en las dos últimas semanas.

Las manifestaciones, que en algunos casos han derivado en saqueos, se registran por distintas causas, entre ellas la no llegada del camión que transporta los productos o porque se acabó la existencia.

Los CLAP, opinó el economista y director de la firma consultora Econométrica, Henkel García, no solucionan la situación, ya que “al final no es un problema de distribución, es de cantidad de productos”, de una oferta “global de bienes y servicios que se viene contrayendo ya hace unos cuantos trimestres a más de doble dígito”.

“Los CLAP van a tener el mismo destino (…) o el mismo éxito que han tenido otras prácticas de administración de la escasez, como ha sido la del número (de la) cédula para poder comprar”, explicó García sobre este sistema que el Gobierno defiende como una solución frente al “bachaqueo”.