Por Roberto Centeno.- Aunque la mayoría no es consciente de ello, y el régimen mediático en connivencia con el político y la oligarquía financiera lo ocultan sistemáticamente, España es para la clase media y trabajadora un auténtico infierno fiscal, a la vez que un paraíso fiscal para las empresas del Ibex -pagan un 3% de media- y para las grandes fortunas -pagan un 1% vía sicavs-. Pero no solo nos expolian a casi el máximo nivel de la OCDE, es que nos cuentan que la presión fiscal o impuestos/PIB está por debajo de la media del mundo desarrollado. Esto es algo clamorosamente falso por la sencilla razón de que el PIB real es un 23,5% inferior al oficial, algo que un grupo de economistas independientes vamos a demostrar el próximo día 16 en el B19 Country Club de Bruselas en una conferencia y rueda de prensa con la intención conseguir que la Comisión audite nuestra contabilidad nacional.

Pero más allá de las grandes falsedades macroeconómicas está la realidad microeconómica de las familias: los españoles somos los ciudadanos de la OCDE que más salario real han perdido, un 25% desde 2007, mientras que en Alemania han ganado un 5% (1), y ha sufrido la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Pero antes de entrar en la cifras, quiero recordar que el próximo día 26 de junio los españoles estamos llamados a las urnas no para elegir a nuestros representantes sino para refrendar una de las listas de partido cuyos componentes han sido colocados en ellas por los jefes de los mismos, no por los votantes. No representan pues a los electores ni a la sociedad civil, sino a una oligarquía política que ha suprimido la representación política de los gobernados.

“No se vota a los representantes del pueblo o de la sociedad sino a meros delegados de los partidos estatales. Esta realidad que todos pueden ver sin emplear apenas la inteligencia, se tapa torpemente con impúdicos velos de propaganda democrática. Todos, gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas a este colosal engaño; de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos; de llamar separación de poderes a la mera separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido; de llamar democracia representativa a esta degenerada oligarquía estatal”(2). Más de 200 diputados tienen asegurado el escaño el 26-J antes siquiera de que se vote, y da igual que sean unos ignorantes o unos corruptos pues los electores ni les conocen. Una farsa electoral ante la que solo cabe abstenerse.

Porque el tema es mucho peor, porque quienes piden nuestro voto van a aplastarnos a impuestos y a subir gasto sin freno, y eso para empezar, porque después nos llevarán a la suspensión de pagos por la vía de urgencia. Y es que los españoles no tenemos remedio, es una repetición del ‘vivan las cadenas’ o más precisamente de cuando soltaron las mulas que arrastraban la carroza de Fernando VII y se pusieron ellos a tirar de la misma. Los españoles votaremos el 26-J tirar del carro donde está subida la clase política más nepotista, despilfarradora e incompetente de Europa con dos millones de enchufados, y que ahora subirá al carro 200.000 más, para culminar nuestra ruina y la de nuestros hijos y nietos. Es a eso a donde nos llevan los programas de la banda de los cuatro. Piénsenlo dos veces antes de votar su propio expolio.
¿Cuánto tiempo trabajamos para el Estado?

Vista general del hemiciclo durante la intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La Fundación para el Avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes son dos organizaciones cuyos objetivos son tan esenciales para los ciudadanos como “promover el avance de la libertad humana en todos los aspectos” la primera; “reducir, simplificar y hacer proporcional la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro y la corrupción” la segunda. Ambas acaban de publicar su informe anual, dirigido por Cristina Berechet, donde con el máximo rigor académico se exponen los hechos y las cifras del expolio tributario al que nos vemos sometidos los españoles, cuya renta disponible no deja de disminuir, mientras el gasto político no deja de crecer sin freno ni control alguno.

Un trabajador con un sueldo medio anual de 24.400 euros brutos destina el equivalente al salario de 37 días a pagar el IRPF, 102 días a la Seguridad Social, 25 días al IVA, 12 días a impuestos especiales y cinco días a otros impuestos. En total, dedica 181 días de su trabajo, la mitad del año, o 15.706 euros a pagar a las AAPP. Ahora bien, de esa cantidad, 7.296 euros son las cotizaciones patronales por ese trabajador, por lo que el trabajador paga 8.510 euros de su bolsillo o el 35% de la cifra que figura en su nómina, aunque el costo del factor trabajo está gravado con un 49,6%, una de las cifras más altas de toda la OCDE.

Pero esto es la media nacional. Por CCAA, los catalanes son los que más pagan, junto con los valencianos. Sus gobernantes han empleado el impuesto autonómico para castigar al trabajador de renta media con unos impuestos superiores a la media. En sentido contrario, vascos y navarros, gracias al robo del régimen foral a la Hacienda española -14.000 millones directamente por lo irrisorio del cupo o indirectamente no devolviendo todos los IVA e impuestos sobre beneficios obtenidos fuera de los territorios forales por empresas medianas y pequeñas-, gravan las rentas de trabajo por debajo de la media nacional.

También hay un hecho muy representativo: País Vasco y Navarra, al tener una presión fiscal sobre la renta inferior a la media española, son los que tienen menores tasa de paro, algo que deberían tener muy en cuenta los ciudadanos a la hora de votar a aquellos partidos que propugnan fuertes subidas fiscales a los ‘ricos’ o impuestos ‘solidarios’ para financiar las pensiones. Como ya expliqué la pasada semana, recaerían en su mayor parte sobre los 5,5 millones de contribuyentes con ingresos superiores a los 24.000 euros. Y como el agujero previsto en la Seguridad Social para 2016 es de 20.000 millones de euros, esto supone 4.000 euros más para unos contribuyentes que ya pagan un 35% de sus ingresos brutos en el escalón más bajo y un 49% en el más elevado.

En el último informe de la OCDE, la presión fiscal media sobre las parejas casadas con dos hijos en España está entre las cuatro más elevadas de este grupo de los 34 países más desarrollados y se situó en el 33,8% de sus ingresos brutos, frente a una media para el grupo del 26,7%. El informe señala, asimismo, que la presión fiscal sobre el trabajo en España es la que más ha crecido durante los últimos años y supera ya a Dinamarca, Noruega, Canadá u Holanda (3). Que ante esta realidad el régimen político, mediático y servicios de estudio bancarios sostengan el gigantesco engaño de que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la OCDE es un insulto a los contribuyentes. No es de extrañar que el mítico Iñaki Gabilondo lamentara profundamente hace unos días que “los medios hayan perdido la confianza de los ciudadanos, con lo mucho que costó conseguirla”.

Las patrañas sobre las fiscalidad y el PIB

En las próximas semanas, analizaré las propuestas económicas de los diferentes partidos, donde los grandes presentan programas que van desde el disparate absoluto de convertir España en la Venezuela europea, sumiéndonos en el hambre y la miseria, a la perseverancia en la incompetencia y la mentira. Ninguno propone el cambio en este modelo de Estado que está llevando a la ruina a la nación, ni sustituir la oligarquía de partidos por una democracia real. Solo dos partidos, increíblemente sin representación parlamentaria, VOX y UPYD, proponen lo que España necesita para evitar el desastre: fin de las autonomías, lo que permitiría garantizar las pensiones, acabar con el déficit y bajar impuestos. Y, por supuesto, implantar la democracia que nos robaron en la Transición.

Las propuestas sobre la fiscalidad tienen un denominador común, todos proponen subir impuestos -si alguien a estas alturas cree las mentiras de Rajoy de bajarlos como hizo en 2011, mejor que se lo haga mirar-. Y lo basan en las tres patrañas habituales. La presión fiscal en España es inferior a la media, algo escandalosamente falso; las subidas de impuestos serán solo “sobre los ricos”, lo que significa la clase media y la clase trabajadora, porque España es el único país desarrollado donde los ricos están exentos de la mayoría de impuestos.

El PSOE creó para ello en los ochenta unos instrumentos jurídico fiscales que lo permiten, las sicavs, y que el PP mantuvo íntegramente desde Aznar a Rajoy, por lo que hablar de los ricos es un insulto a quienes efectivamente pagamos. Las grandes empresas apenas pagan impuestos -“hay empresas en el Ibex que no pagan impuestos”, diría Rajoy al poco de llegar a Moncloa- y a continuación les concedió bonificaciones y ajustes fiscales tan escandalosos que son las que menos pagan de Europa y la OCDE, apenas un 3% de media.

Y lo siguiente son, de nuevo, la cifras falsas de crecimiento, en este caso las del primer trimestre de 2016, donde el INE, como es habitual desde principios de 2008, ha entrado en campaña a favor del Gobierno de turno. Según estas, la economía española registró en el primer trimestre de 2016 un crecimiento intertrimestral del 0,8%, exactamente igual al de los trimestres anteriores y superior en tres décimas al de la zona euro. Y para contrastar la veracidad de esta cifra, lo primero es compararla con los de indicadores de actividad económica más correlacionados con el PIB, empezando por el más correlacionado de todos, los ingresos fiscales, donde las cifras de la Agencia Tributaria demuestran la falsedad del INE.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Según la Agencia Tributaria, los ingresos fiscales homogéneos se han desplomado al -0,1% frente al +4,4% en igual periodo del año anterior. Las dos cifras son manifiestamente incompatibles, y es obvio que quien no miente es la Agencia Tributaria. Luego, nos cuentan que el crecimiento ha sido debido a la aportación del sector exterior y al consumo interno. La contribución del primero al PIB ha sido del -0,4% en el primer trimestre, luego si la demanda externa resta y no suma, no puede ser la razón del crecimiento fantasma de que nos habla el INE. Y respecto al consumo interno, si vamos a las ventas en grandes empresas, estas han crecido un +1,6% en el trimestre (un +0,5% en marzo), cifra que compara con el +5,2% y el +3,9% en el tercer y cuarto trimestres anteriores, cuyo crecimiento es “exactamente igual”. La verdad es que nos toman por imbéciles.

Si hablamos de otros indicadores fuertemente correlacionados con el PIB, como el consumo de energía eléctrica corregido o el consumo aparente de cemento, las caídas son espectaculares: -0,6%, la primera, que se compara con el +2,6% y +2,5% en los trimestres precedentes; y -0,5% la segunda, que se compara con un +5,8% el trimestre anterior. Y a lo que añade lo obvio: las inversiones están paralizadas por la incertidumbre política. Un año después, como hicieron en 2008 para ayudar a Zapatero a ganar las elecciones, reducirán la cifra a la mitad, pero las elecciones son ahora no dentro de un año, ¿de qué servirá entonces que el INE diga que el crecimiento ha sido la mitad de lo que han dicho hoy? Esto en cualquier Estado de derecho sería un delito.

Es por eso que resulta tan urgente el auditar la C/contabilidad nacional española, para saber cuál es nuestra riqueza real y nuestro déficit, nuestra deuda y nuestra presión fiscal en relación con la misma. Igual que dejar muy claro ante Bruselas, ante los españoles y ante nuestra clase política que no se necesita subir impuestos a los ‘ricos’ ( clase media y trabajadora) para poder gastar más dinero en los más pobres, lo que se necesita es recortar el despilfarro público porque hay mucha gente pobre a la que necesitamos mejorar sus condiciones de vida. Y para aquellos ingenuos que claman diciendo que si se despide a un millón de empleados públicos inútiles tendremos un millón de parados más, recordarles que la ley empírica más importante de economía española es que por cada puesto que se elimina en el sector público se crean 2,5 puestos en el sector privado, es decir, que un millón menos de empleados públicos crearía 2,5 millones de empleos privados.

1. Thomson Reuters.

2. Antonio García Trevijano, el mejor pensador político en la historia de las ideas de nuestro país.

3. Taxing Wages, 2015.