Fotografía tomada el pasado 9 de mayo en la que se registró a Alejandra Montiel, una joven indocumentada de 21 años que lleva cuatro intentando tramitar sus papeles de identificación, en Buenos Aires (Argentina).

Tienen nombres y apellidos, y son de Argentina, pero viven ‘invisibles’ en su propio país. No fueron registrados al nacer y eso dificulta que puedan tener un documento de identidad y acceder a los derechos más básicos, por lo que su día a día, a menudo blanco de la pobreza, se torna casi imposible.

“Mi vida es como que nada. Me gustaría tener un documento porque tengo 8 chicos y no cobro nada, nadie me ayuda. Solo mi marido ayuda”, cuenta Miriam Esteche, de 31 años y vecina de la zona sur del barrio de Flores, en Buenos Aires, una de las zonas más desfavorecidas de la capital argentina.

Esta joven argentina no puede tener una cuenta en el banco, ni figurar oficialmente como madre de sus ocho hijos, ni tener un contrato de trabajo o acceder a una ayuda del Estado.

Como ella, se estima que en el país suramericano existen unas 400.000 personas, un 1 % de la población, que generalmente con un origen desfavorecido, no fueron registradas por sus padres al venir al mundo.

Pero “son tan invisibles” que no aparecen ni en las encuestas ni hay registros, cuenta a Efe Alejandra Martínez, abogada de la Fundación Microjusticia Argentina, una de las tres organizaciones no gubernamentales que han unido sus fuerzas para asesorar a los afectados.

Pasado el periodo de 40 días para registrar a los recién nacidos, la ley argentina permite inscribir a los menores hasta los 12 años con un trámite administrativo. Pero una vez pasada esa edad se hace necesario iniciar un proceso judicial que puede durar años.

“No acceden a sus títulos educativos, no pueden acceder a salud o a una prescripción médica, no pueden tener un carné de conducir, una propiedad a nombre suyo, no pueden viajar”, añade la abogada, que señala que esta problemática no solo es de Argentina, sino mundial, y “todos los países deberían tomar cartas en el asunto”.

Alejandra Montiel, hermana de Miriam, también da fe de ello a sus 21 años. A los 17 comenzó a tramitar los papeles para demostrar que existe y que un juez así lo certifique. Pero de eso han pasado 4 y de momento, sin éxito.

Recuerda que su padre estuvo años en la cárcel y lo conoció en plena adolescencia y que su madre reconoció haber perdido unos papeles que daban cuenta de su existencia, por lo que tras acudir” a muchos lugares” para conseguir regularizarla obtuvo tantas negativas que “dijo basta”. “Se cansó y no fue más”, relata.

“En este momento, con mi abogada estamos esperando que el juez dé el sí para empezar algo de los documentos, porque tienen todos los papeles. Ya con todo lo que conseguí ellos podían hacer algo, pero el juez es medio ‘hinchapelotas’ y sigue pidiendo más cosas”, asevera Montiel.

Como no hay persona “más vulnerable” que quien no tiene un documento de identidad, ya está en marcha la iniciativa #IndocumentadxsCERO, que busca agilizar los procedimientos para que las personas sin Documento Nacional de Identidad (DNI) accedan a su identidad legal mediante la labor conjunta de representantes del Estado y de organizaciones civiles.

Se pretende avanzar en una reforma de la ley de registro de personas que permita llegar a esas personas “invisibles”, censarlas y favorecer su regularización.

Carla Carrizo, diputada del gobernante frente Cambiemos e integrante de la comisión Mujer, Familia e Infancia de la Cámara baja, destaca la necesidad de modificar la normativa y evoca el último informe publicado por Unicef en Argentina.

“Tenemos el 30 % de la infancia en condiciones de pobreza estructural. Quiere decir que independientemente de que la economía funcione mejor, la pobreza estructural va a continuar. Hay una desigualdad, un sesgo muy grande”, cuenta en una entrevista con Efe.

La legisladora añade que el 45 % de ese 30 % no accede a servicios básicos “porque no está documentado”. “Hay un desafío muy fuerte. (…) tener identidad civil nos permite no solamente garantizar la vida sino la sustentabilidad y la calidad de vida”, indica, convencida de que “sobran políticas pero no hay implementación”.

Alejandra ya piensa en la fiesta que hará cuando tenga entre sus manos el documento de identidad, con el que se le abrirá todo un mundo: podrá conseguir su título de secundaria, acceder a tener un trabajo digno y contar “el día de mañana” con una casa propia.