Fotografía facilitada por Seprona del registro que la Guardia Civil llevó a cabo en el barco “Asian Warrior” dentro de la operación “Yuyus” desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, en colaboración con Interpol

A España le había salido una mancha en la Antártida. Hasta seis barcos, dirigidos por españoles, han pescado ilegalmente en sus aguas -protegidas por un acuerdo suscrito también por nuestro país-, pero el Ministerio de Agricultura y el Seprona de la Guardia Civil han conseguido limpiar de piratas la zona.

Y no ha sido fácil para España sacar pecho y resarcirse de una cierta tardanza en ponerse las pilas, pero finalmente ha logrado el reconocimiento internacional al haber acabado con el último buque pirata que seguía operando de forma impune en la Antártida.

Porque España, con una de flotas pesqueras más importantes del mundo, tenía una deuda con la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (la CCAMLR en sus siglas en inglés), que firmó en 1984 para ser uno de los 25 países (otros once tienen voz pero no voto) que tienen como misión preservar esa zona.

Una espinita que, en colaboración con Interpol, se ha sacado en la operación “Yuyus”, desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona y que acabó con la detención de seis personas vinculadas a la familia gallega Vidal, propietaria de la empresa Vidal Armadores, y la imputación de otras 16 por la captura ilícita de 3.500 toneladas de merluza negra en la Antártida.

El capitán José Manuel Vivas, del UCOMA, explica cómo se ha llegado hasta aquí, una situación favorecida por la nueva ley de Pesca de 2014 y una mayor implicación social, judicial, policial y política en la persecución de la pesca ilegal.

La mayoría de las aguas de la Antártida son internacionales, salvo una pequeña parte de dominio exclusivo de Australia y Nueva Zelanda. Ese primer país es el guardián del instrumento de la CCAMLR.

Un comité científico establece dónde, cómo y qué se puede pescar una vez evaluada la población de recursos vivos existentes. Sólo treinta barcos de distintos países -uno de ellos español- están autorizados a pescar en la zona.

Desgraciadamente, al menos desde hace diez años seis buques han sido detectados por las armadas australiana y neozelandesa y por ONGs pescando sin autorización, y detrás de todos ellos, se adornaran con la bandera que se adornaran, estaban españoles.

Investigar un delito que cometen en las antípodas unos barcos que previsiblemente no se harían visibles y cargados con un producto que jamás llegaría a España era la difícil tarea a la que se enfrentaron el UCOMA e Interpol.

Volado ya en Indonesia el “Viking” y hundido, quizá de forma intencionada, el “Thunder”, la investigación comenzó a principios del año pasado a un barco propiedad de Vidal Armadores, el “Kunlun”, con bandera de Guinea Ecuatorial, que dejó claro que no tenía buque alguno autorizado para pescar en la Antártida.

Pero de allí zarpó el “Kunlun” para llegar a Tailandia con el nombre de “Taishan” y bandera de Indonesia, que tampoco sabía nada de este barco.

En el camino, y sin ningún tipo de complejo, según relata Vivas, cambiaron el nombre en los salvavidas y el resto de los efectos. Un nombre que cualquier barco lleva pintado en la popa y en los laterales, mientras que el investigado lo lucía en chapas sujetas con abrazaderas y tuercas para poder cambiarlas con facilidad.

Atracó el “Taishan” en marzo de 2015 en el puerto tailandés de Phuket, con la mala suerte de caer en un control aleatorio de las autoridades portuarias. Allí, declaró que llevaba 180 toneladas de mero, cuando en realidad era merluza negra, un pescado más caro (entre 30 y 50 euros el kilo) cuyo destino final es generalmente China.

Las autoridades tailandesas inmovilizaron el barco hasta que finalizara el expediente, pero en septiembre los tripulantes solicitaron recargar 80.000 dólares de combustible con la excusa de mantener en funcionamiento los generadores de los congeladores.