La Guardia Civil registró la sede de Acuamed en enero por posibles irregularidades en su contratación

Fraude, malversación de caudales públicos, falsedad, cohecho, tráfico de influencias… Son los delitos que se imputa a los últimos detenidos por un caso de corrupción: Acuamed. En esta ocasión ha sido en Valencia, pero antes lo fue en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía… En los últimos años las causas abiertas por corrupción se han propagado por los ayuntamientos de cada rincón de España a un ritmo vertiginoso, lo que ha contribuido a aumentar la desconfianza de los ciudadanos en los cargos públicos y en las instituciones.

Pese a que especialmente en los últimos meses se ha plantado cara a la corrupción con una batería de medidas legislativas, no será a corto plazo cuando se vea su efectividad en los Tribunales, que es donde está la fotografía de una realidad que, según el último sondeo del CIS, es la segunda preocupación de los españoles. No en vano el dinero que se ha dejado de ingresar en las arcas públicas por amaños de contratos, licitaciones irregulares o sobrecostes de obras podría ascender a más de 8.000 millones de euros si tenemos cuenta cifras tan escandalosas como los 2.400 millones de euros del caso Malaya, los 800 que se manejan en los ERE o los 120 de Gürtel. El número de imputados también es desolador: superan el millar. La mayoría cargos públicos.

En realidad no hay una cifra oficial y actualizada de encausados ni de procedimientos abiertos ni del dinero malversado por esta lacra que ha convertido a España en uno de los países que, junto con Hungría, Macedonia y Turquía, más preocupa a Transparencia Internacional. El Consejo General del Poder Judicial lleva recabando esta información desde abril de 2005, y en las próximas semanas se harán públicos los datos del semestre del pasado año.

Los últimos datos, del anterior CGPJ, revelaban que en abril de 2013 un total de 798 juzgados y tribunales investigaban los 1.661 casos de corrupción abiertos por toda España. Si hablamos de causas de especial complejidad (no necesariamente de corrupción) esta cifra se eleva a 2.173. Muchos de estos juzgados han necesitado refuerzos para poder sacar adelante el excesivo trabajo que tienen acumulado. De ahí la creación, por parte del actual órgano de gobierno de los jueces, de la Unidad de Apoyo de Causas Complejas (UACC). Una de sus últimas medidas ha sido reforzar los dos únicos juzgados que hay en Ibi (Alicante) y que tramitan una veintena de casos de corrupción junto con el resto de procedimientos, señalamientos y guardias.

La vocal del CGPJ encargada del portal de transparencia, Mar Cabrejas, reconoce que es cierto que hay un índice alto de percepción de corrupción en España, algo a lo que, a su juicio, contribuye el hecho de que estos casos se vean reflejados a diario en la prensa. A su vez, trascienden porque las personas que están involucradas en ellos son cargos públicos, presidentes de entidades bancarias o clubes de fútbol, lo que produce «mayor desasosiego» en los ciudadanos, más aún en tiempos de crisis.

Cabrejas recuerda que no se puede hablar de partidos políticos corruptos, sino de personas, y que si estos casos afloran, se investigan y juzgan es porque «la maquinaria judicial funciona». Los jueces son conscientes de que esta realidad existe. Un 9 por ciento reconoce haber sufrido presiones externas durante la tramitación o enjuiciamiento de procedimientos de corrupción. Otro 9 por ciento prefiere no contestar. La parte positiva es que tres de cada cuatro no han sentido esa presión.

Que los juzgados puedan asumir estos casos –de especial complejidad en la mayor parte de los casos– es una misión imposible cuando no hay suficientes funcionarios, cuesta recurrir a peritos especializados y cuando diligencias como una comisión rogatoria (requerimiento de información a otro país) se convierte en una auténtica carrera de obstáculos. No en vano hay investigaciones que se prolongan tanto en el tiempo que llegan a juicio con tres imputados ya fallecidos, como va a suceder con los ERE, o con la certeza de que va a haber que rebajar la pena a los acusados por dilaciones indebidas.

Revisión de aforamientos

Tampoco se sabe hasta qué punto va a beneficiar a las investigaciones agilizar los plazos de la instrucción: seis meses para las investigaciones simples y 18 para las complejas. Las carencias de base siguen estando ahí. Los jueces claman por reformas de calado, como la revisión del sistema de recursos durante la fase de instrucción, del listado de delitos competencias del jurado, el incremento de las plantillas y el presupuesto en justicia o la revisión de los indultos y aforamientos por el retraso que estos últimos suponen en la tramitación de las causas.