La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a su llegada a una rueda de prensa en al sede del Partido Popular (PP) en Valencia, el 25 de febrero de 2016

El cerco judicial se estrecha en torno al Partido Popular (PP), liderado por el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, y sumergido en una serie de escándalos de corrupción que hace aún más difícil su permanencia en el poder.

“En este país lo único que funciona es la corrupción”, dice a su hijo una exconcejal del PP en Valencia, explicándole que le pidieron trasferir mil euros al partido que le fueron reembolsados en efectivo, un sistema para blanquear fondos de origen ilícito.

Esta conversación telefónica era primera página de buena parte de los medios españoles este martes.

Las declaraciones habían sido grabadas por la Guardia Civil e incluidas en un sumario judicial sobre una presunta trama de trucaje de adjudicaciones públicas en el ayuntamiento valenciano, bastión de la derecha española durante 24 años, hasta el pasado mayo.

El juez instructor, Víctor Gómez, que el lunes levantó el secreto sobre una parte de la investigación, sospecha según la prensa que, a cambio de contratos públicos, algunos empresarios pagaron comisiones ilegales que habrían servido para financiar al Partido Popular en la región.

El dinero fluía a raudales y estos ingresos eran difíciles de justificar, una “corrupción política total”, explicaba la exconcejal a su hijo.

En la conversación da a entender que el blanqueo respondía a una petición de la secretaria de la excaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá, figura emblemática del PP y considerada hasta hace poco cercana a Rajoy y a su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría.

El magistrado instructor decidió el lunes imputar al PP de Valencia por “blanqueo”, un hecho inédito.

Barberá aseguró por su parte este martes que no había cometido ningún delito y denunció que estas insinuaciones son “infundadas”. “Es totalmente falso”, aseguró.

Por la tarde, el PP anunció que abrirá un expediente informativo a Barberá y todos los implicados en en el caso de Valencia.

El objetivo es “conocer la realidad de lo que ha sucedido”, dijo el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

“No puede limpiar su casa”

El caso de Valencia salió a la luz a finales de enero, dos semanas antes que la sede del PP en Madrid fuese registrada por la policía y su presidenta regional, Esperanza Aguirre, decidiese dimitir a raíz de la imputación de varios de sus colaboradores.

Estos dos nuevos escándalos estallaron tras las legislativas del 20 de diciembre, en que el PP llegó en primer lugar pero muy lejos de la mayoría absoluta. Tampoco consigue apoyos que le permitan gobernar en coalición: el PSOE, Podemos y Ciudadanos le reprochan sus escándalos de corrupción.

“Quien no puede limpiar su casa, no puede limpiar España”, suele decir el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre Rajoy.

Un “Diccionario de la corrupción” publicado en febrero detalla 175 grandes casos de corrupción política registrados en España en los últimos 30 años, hasta noviembre de 2015.

Sólo la mitad de dichos casos permitieron malversar al menos 8.000 millones de euros de dinero público, afirman sus autores. Según este libro, el PP está implicado en 68 casos y el PSOE en 58.

“En Valencia y Madrid, son 20 años de mayorías absolutas” del PP, lo que ha generado “tramas que creen que pueden contar con cierta impunidad”, explicaba recientemente a AFP un legislador del Partido Popular que pidió el anonimato. En su opinión, existió un cóctel fatal también en otras formaciones: “ausencia de mecanismos de control suficientes, mucha tentación”. La legislación española sólo penaliza la financiación ilegal de los partidos desde 2015.