El magistrado Juan Francisco Ramírez, titular del juzgado de instrucción número 11 de Málaga, ha citado, el próximo 22 de marzo, en calidad de imputado al delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonio Escámez (imagen), y al secretario general de la misma, José Manuel Fernández, en relación al nombramiento de un concejal socialista como responsable del instituto de enseñanza secundaria ‘La Maroma’ de la localidad de Benamocarra, según los documentos judiciales fechados el pasado 25 de febrero y que se han enviado a las partes.

Escámez está acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, mientras que el secretario de la Delegación Provincial de Educación lo está por falsedad documental, según explicaron fuentes jurídicas. La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el Ayuntamiento de Benamocarra. El caso, en cuyo trasfondo laten tensiones políticas, se inició en julio de 2008 cuando se produjo el nombramiento del equipo directivo del nuevo instituto de enseñanza secundaria de esta localidad. El Consistorio, presidido por Abdeslam Lucena (entonces en las filas del PA y ahora candidato del PP a la Alcaldía), no vio con buenos ojos la designación del entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Ruiz Cazorla, primero como jefe de estudios delegado (provisional) y, luego, como director. Este profesor de Educación Física ocupó el número cuatro en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2007 y accedió a la portavocía tras la renuncia de los tres primeros de la lista; en julio de 2010 dejó su acta de concejal en el Consistorio.

Ante esta designación, el regidor del municipio instaló sendas vallas frente al centro educativo en las que se podía leer: ‘El delegado de Educación ‘enchufa’ al director del instituto. No a la politización de nuestros niños’ y ‘La política llega a las aulas. No con nuestros hijos’. Un caso por el que Lucena está imputado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad al no acatar una orden judicial que le ordenaba la retirada de las mismas y por injurias y calumnias. Un asunto que está a la espera de la celebración de juicio oral y por el que el Ministerio Fiscal le pide nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo.

El Ayuntamiento, por su parte, presentó una denuncia por el procedimiento para nombrar a Manuel Ruiz Cazorla. En este sentido, en la documentación judicial a la que accedió este periódico no figura ni el escrito de solicitud del mismo pidiendo el puesto ni el acta de toma de posesión ni si esa plaza fue ofertada a otros docentes.

Carácter retroactivo

Lo que sí aparece son sendos documentos oficiales de la Delegación Provincial de Educación en los que Antonio Escámez firma, el mismo día -el 18 de febrero de 2009- el nombramiento -1 de julio de 2008- y la destitución -31 de agosto de 2008- de Ruiz Cazorla como delegado jefe de estudios de dicho instituto. Es decir, ambas resoluciones se adoptan con un carácter retroactivo.

A ello se une que el actual delegado de Educación fue nombrado para el cargo por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 30 de diciembre de 2008 y que en las fechas para las que él nombra y destituye a Ruiz Cazorla el responsable de la Delegación Provincial de Educación era José Nieto. Un hecho que, según las fuentes, siembra dudas sobre la legitimación para adoptar esta medida.

Precisamente, en la documentación que obra en poder del juzgado, figura una resolución, en este caso firmada por Nieto, con fecha 6 de octubre de 2008 en la que nombra director del instituto La Maroma a Ruiz Cazorla con fecha 1 de septiembre de ese año, es decir, se vuelve a hacer con carácter retroactivo. Además, en las pruebas se aporta un telegrama oficial del 19 de septiembre de 2008, en la que el delegado provincial le comunica su nombramiento como director «con carácter extraordinario con efectos desde el 1/09/2008». El propio Escámez matizó ayer en declaraciones a este periódico que todo este asunto responde a un ataque directo del alcalde, «que vio en Ruiz Cazorla a un rival político directo». El delegado precisó que el nombramiento oficial se produjo con posterioridad a petición del interesado, ya que hasta esa fecha sólo le constaba a efectos de currículum un certificado y no un documento oficial que le acreditara como jefe de estudios desde 2008.

«Ejerció de forma provisional como se hace en todos los centros de nueva creación, para que no se atrasen temas de equipamiento y obras», agregó Escámez. «Me veo en esto por entregarle un funcionario un documento que pide», concluyó el delegado. Fuentes jurídicas explicaron que existe una contradicción entre esta certificación y la posterior designación y destitución, en el mismo día, de Manuel Ruiz Cazorla.

Indicaron que esta imputación puede ser un elemento para la estrategia de defensa de Lucena en el procedimiento que tiene abierto por dos delitos de injurias graves con publicidad y desobediencia a la autoridad.