Leopoldo López, en una de las últimas imágenes divulgadas en su celda de la prisión militar de Ramo Verde

El líder del partido neocomunista Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy, en su cuenta de Twitter, con motivo de la liberación del sanguinario Arnaldo Otegui, integrante del grupo asesino y terrorista ETA, que “nadie debería ir a la cárcel por sus ideas”. Las palabras de Pablo Iglesias deberían ser interpretadas como un aldabonazo contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro por mantener preso desde hace un año al político Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular y condenado a más de trece años de prisión, junto a más de setenta líderes de la oposición que fueron encarcelados por sus ideas contrarias al gobierno bolivariano.

Algunas fuentes, sin embargo, señalan que las afirmaciones del líder neocomunista sólo tienen el valor relativo que en Podemos suele ser habitual dependiendo de la posición política en que se encuentre. A saber: si sus miembros promueven un ‘escrache’ contra dirigentes de la derecha, se trata de legítima expresión de libertad expresiva. En cambio, si el acosado es un concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, la acción se inscribiría en un puro acto de “fascismo”.

Si Podemos airea los casos de supuesta corrupción en el PP estaremos asistiendo a un sano y didáctico ejercicio de “transparencia democrática”. Si en cambio son los miembros de la oposición los que publican la lista de “enchufados” podemitas en el Ayuntamiento de Madrid, junto a sus elevados sueldos, el ejercicio de “transparencia democrática” se convierte en una chusca imitación de las “listas negras macartianas”.

Sobre las dictaduras de Cuba o Venezuela, cualquier politólogo de Podemos se referirá a ellas como “regímenes populares que luchan contra la segregación económica”, aunque luego los hechos acrediten otra cosa. En cambio si corresponde hacer un diagnóstico sobre el régimen franquista, anatemas como “dictadura” y “sanguinaria” formarán un binomio inseparable. Al menos no puede decirse que los dirigentes de Podemos no disponen de una infabilidad adaptable con camaleón incorporado.

Un año en una prisión militar

Respecto a López, permanece recluido en la prisión militar de Ramo Verde y solo le permitieron salir cuando tuvo que asistir a las audiencias del juicio en su contra. El político está acusado de ser el responsable intelectual de la violencia del 12 de febrero, cuando una manifestación pacífica terminó en actos vandálicos contra la sede de la Fiscalía General, la quema de vehículos oficiales y la muerte de dos manifestantes a manos de agentes de seguridad del Estado. Aunque López ya se había retirado del lugar cuando sucedieron los hechos, le imputan los delitos de conspiración, incitación a delinquir, intimidación pública, incendio y daño a la propiedad pública, homicidio agravado premeditado y terrorismo. Al poco tiempo de empezar el proceso, le fueron retirados los cargos de homicidio y terrorismo. Durante el juicio, la entrada fue vetada a todos los medios de comunicación. Tampoco pudieron asistir algunas figuras políticas de la oposición que apoyan a López. El padre del político intentó utilizar unas lentes espía para grabar una de las sesiones, pero fue descubierto y procesado.

El Gobierno venezolano ha hecho caso omiso a las peticiones internas y externas para liberar a López. Un fallo del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas determinó el año pasado que no hay razón para mantener a López preso y que el Estado venezolano estaba violando sus derechos humanos, civiles y políticos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ratificó públicamente que el Gobierno tiene la obligación de acatar el dictamen de la organización internacional.

La esposa de López, Lilian Tintori, otrora una deportista y presentadora de televisión, se ha convertido en la portavoz de su causa dentro y fuera del país. “La vida me ha cambiado por completo, tengo muchas responsabilidades. Estoy criando a los niños de la mejor manera posible para resistir y no cansarnos”, cuenta Tintori, que va de la cárcel a actos políticos locales donde lleva la voz de su marido, y a reuniones de alto nivel internacional para buscar apoyo. Recientemente ha estado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Dos antiguos dirigentes latinoamericanos, el colombiano Andrés Pastrana y el chileno Sebastián Piñera, fueron invitados a Caracas e intentaron visitar a López en la cárcel. La visita no fue permitida y generó roces diplomáticos con Chile y Colombia. El Gobierno colombiano, a través de un comunicado de Cancillería, dijo que esperaba que López recuperara pronto la libertad, un gesto que ningún país de la región se ha atrevido a hacer de manera oficial, en solidaridad con el líder opositor.

Por si las evidencias fueran pocas, el principal fiscal en el juicio contra López, Franklin Nieves, insistió en acusar al Gobierno de su país de haber orquestado el juicio y condena de Leopoldo López, y reveló que hubo presiones sobre los testigos para que dieran testimonio falso.

“Leopoldo López es completamente inocente. Hubo presión sobre los testigos para que dijeran que había incitado a unos estudiantes para que incendiaran la Fiscalía. No solo no había pruebas contra él, sino que las usadas en su contra fueron fabricadas”, señaló el fiscal Franklin Nieves..

Maduro blinda el encarcelamiento de López

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aprobó este sábado un plan nacional de derechos humanos, que estará vigente hasta 2019, como “escudo” contra la propuesta de amnistía a políticos presos que impulsa la mayoría opositora en el Parlamento.

“¿Quieren saber cuál es el escudo más poderoso que vamos a tener contra la ley (…) de amnistía criminal? Es el plan nacional de derechos humanos que estamos aprobando hoy”, manifestó Maduro, quien no ofreció mayores detalles sobre su propuesta, pero sí criticó la iniciativa opositora.

“Esta es una ley de guerra”, señaló el mandatario y agregó que “va a crear violencia; y no va a reconciliar al país”.

Maduro reiteró que vetará la ley de amnistía y reconciliación nacional que ya fue aprobada en primera discusión en el Parlamento con el voto de la bancada disidente, y busca beneficiar a 76 opositores presos.

Entre ellos destaca el líder principal Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que buscaban presionar la renuncia de Maduro y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

Además, Maduro acusó a parientes de López de intentar “tocar y comprar a familiares y víctimas, uno por uno, en un plan coordinado con la embajada de Estados Unidos en Venezuela”, y aseguró que tiene “pruebas” para demostrarlo.