Dice el artículo 35 de la Constitución que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, y el artículo 40, para cumplimentarlo, declara que “los poderes públicos… realizarán una política orientada al pleno empleo”. ¡Fantástico!

Ahora bien, ¿cómo hacer efectivo el deber de trabajar si no hay puestos de trabajo? ¿Cómo ejercer el derecho al trabajo si cuando pretendo ejercitarlo me dicen que no hay colocaciones? Aquí tenemos otro de los grandes engaños de la Carta Magna.

El desempleo sigue siendo una de las mayores lacras sociales que tenemos ahora mismo los españoles. Desafíos como el planteado en Cataluña por el nacionalismo separatista, o la irrupción del monstruo marxista con la creación de Podemos y sus grupos satélites, no habrían calado en la sociedad sin las altas cifras de desempleo y de precariedad.

Algunos pensarán que estos dos fenómenos (separatismo y marxismo) han surgido principalmente como consecuencia de la corrupción política, pero no es así. Y no es así, porque antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria ya existía la corrupción política y social en nuestro país, y sin embargo, la gente seguía respaldando reiteradamente en las urnas a los ladrones y corruptos. El ciudadano trabajaba, tenía ingresos, y contemplaba felizmente la televisión “importándole un carajo” que la clase política estuviera expoliando lo público. Y, si algo se imaginaba el contribuyente referente a esa corrupción institucionalizada, lo cierto fue que no mostraba el interés necesario sobre el asunto a tenor de los resultados en los distintos comicios.

Insisto, sólo cuando estalla la burbuja inmobiliaria, comienzan a cerrar las empresas, aumentan las cifras del paro, queda al descubierto la deuda astronómica contraída por los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, sale a la luz la quiebra de las cajas de ahorro, y comienzan los desahucios, es cuando el poder mediático se pone en marcha y comienza a hurgar y sacar a la luz toda la mierda y la corrupción, encabronando a la gente contra el bipartidismo, y poniendo en jaque al propio sistema.

En resumen, que cuando la gente tiene un trabajo estable, cobra su salario y paga su hipoteca, ni los nacionalismos separatistas ni el marxismo consiguen sus objetivos. Ya el 13 de mayo de 1935, don José Ortega y Gasset hizo el siguiente diagnóstico en el Congreso de los Diputados: “La solución del nacionalismo no es cuestión de una ley, ni de dos leyes, ni siquiera de un Estatuto. El nacionalismo requiere un alto tratamiento histórico. Los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se envuelven en un gran movimiento ascensional de todo un país, cuando se crea un gran Estado, en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas. Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos, un Estado en buena ventura, los desnutre y los reabsorbe”.

De más de cinco millones de desempleados en 2012, los parados exceden hoy de los cuatro millones, una bajada que solo puede alegrar a los que falsean las cifras, fomentan el empleo precario con contratos basura y sueldos de miseria, y no contabilizan para nada que se ha anticipado la jubilación a decenas de millares de trabajadores. El número de parados en España es el mayor de todos los países de la Comunidad Económica Europea por densidad de población, diga lo que diga el señor De Guindos, o los tertulianos que asisten diariamente a la televisión y la radio de la Conferencia Episcopal.

Creo que es necesario y hasta justo diría yo, repetir hasta la saciedad que hemos llegado a esta situación anticonstitucional de incumplir con el deber de trabajar y el derecho al trabajo por varias razones, y una de ellas fue la entrada sin las cautelas precisas en el Mercado Común y en la moneda única, que dejó a nuestros ganaderos sin vacas, a nuestros pescadores sin caladeros, y a los obreros de la industria pesada sin instalaciones siderúrgicas y sin astilleros en nombre de la famosa reconversión con que se disfrazó aquella catarata de cierres forzosos.

La sangría se produjo a dos bandas: el aumento de gastos improductivos, como son los que impone la gigantesca burocracia del poder central y de las comunidades autónomas, con sus administraciones, parlamentos y gobiernos respectivos; y el despilfarro en el gasto público que contrae la inversión y la iniciativa privada, auténticos creadores de riqueza.

Ahora mismo, los ciudadanos españoles debemos más que producimos. No es una deuda externa sino eterna. España está literalmente hipotecada y arruinada. Los bajos precios del petróleo y el dinero que nos sigue inyectando Europa, maquillan falsamente nuestra situación económica. Socialistas y populares han convertido a España en un país de servicios y de camareros, a expensas de que quieran venir a visitarnos los ciudadanos de los “países industrializados” y más ricos del mundo, siempre y cuando no encuentren mejores ofertas en otros lugares, o que la zarpa del terrorismo no se cebe con nosotros.

Esta es en síntesis la cruda realidad. Llamamos democracia a un sistema corrupto y podrido que nos han impuesto mediante la treta de la voluntad de la mayoría, y que nos ha llevado a la ruina económica, moral y espiritual. Las grandes multinacionales por ejemplo, y con el beneplácito del gobierno, dirigido desde Bruselas, son capaces de emplear miles de millones de euros en pagar las “mordidas” a políticos corruptos para obtener contratos millonarios, y sin embargo, cuestionan y regatean hasta límites miserables los contratos laborales y los salarios para los trabajadores.