La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha considerado “injusta” la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza indemnizar por daños y perjuicios a los inversores fotovoltaicos por el recorte a la retribución aprobada por el Gobierno en 2010 y ha mostrado su confianza en que la Justicia europea “demostrará la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores de energía fotovoltaica en España”.

En un comunicado, Anpier señala que la sentencia consuma “uno de los capítulos más sombríos de la historia de la democracia española” y critica que “todo el aparato estatal ha entrado en funcionamiento para justificar arbitrariamente dichos cambios públicamente, con argumentos que luego han sido replicados por el propio Tribunal Supremo”.

Asimismo, considera “doloroso” escuchar que las rentabilidades de los proyectos alcanzan el 8% “cuando son continuos los concursos de acreedores y las refinanciaciones para evitar perder los patrimonios personales”.

De todas maneras, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, subraya que se va a tener que “soportar la paradoja” de que frente a un mismo hecho los inversores nacionales no sean indemnizados y los extranjeros sí, ya que la asociación cree que las resolución que habrán de dictar tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los propios procesos arbitrales demostrarán “la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores” fotovoltaicos en España.

Para la asociación, es la primera vez que un cambio retroactivo en el sector energético “no resulta compensado por el Estado”, como ocurrió con la moratoria nuclear, los Costes de Transición a la Competencia o la indemnización por el cierre de Castor, casos en los que “el Gobierno de turno si consideró esencial la petrificación de las condiciones para garantizar la seguridad jurídica”.

Anpier también critica que el Supremo considere que las condiciones ofrecidas en 2007 a los productores fotovoltaicos no se pueden “petrificar” en el tiempo, cuando las exigencias de la banca para cobrar íntegramente los préstamos solicitados sí son “pétreas”.