Los autores: una madre superiora de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles, un gestor que fue concejal por el PP en Oliva entre 2007 y 2011, un empresario de internet que llegó a crear una aplicación de contactos y eventos festivos y dos conocidos de estos últimos fichados para crear facturas falsas. La víctima: una profesora jubilada que había pasado las últimas décadas de su vida en la residencia para mayores «Las Angélicas» de Valencia y que falleció en noviembre de 2011 dejando 44.563,66 euros en su cuenta corriente, dinero que era propiedad de la Generalitat Valenciana por cuanto la anciana no tenía herederos y jamás hizo testamento. Los hechos: los cinco condenados se apropiaron de 39.902 euros de la cuenta de la víctima en un expolio que comenzó al mes y medio de morir la anciana y se prolongó hasta mayo de 2014, tanto con cargos directos como girando facturas falsas.

Así lo describe la sentencia emitida ahora por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia contra los cinco mencionados, que han logrado eludir la prisión aceptando todos los hechos, gracias a lo cual han conseguido penas que suman apenas 27 meses de cárcel, aunque el juez les deja la puerta abierta a que salden con dinero esas cuentas con la Justicia, al permutar la cárcel por penas de multa, con cuotas diarias de seis euros.

Eso y la devolución de cada euro saqueado. De hecho, la mayoría ya han reintegrado la mayor parte de los 39.902 euros, gracias a lo cual han podido llegar a un acuerdo con la Fiscalía y dejar en mínimos la condena.

Del relato que el juez detalla en la sentencia, que es firme porque los encausados han aceptado todos sus términos, se desprende que la primera en echar mano del dinero de la fallecida fue precisamente la madre superiora, Adelina S. R., en su calidad de responsable de la residencia en la que estaba internada la profesora jubilada.

Para unos desperfectos

Pese a que la pensión de la mujer iba a parar religiosamente a su cuenta cada mes, la monja decidió, al mes y medio de la muerte de la anciana, tomarse la libertad –el juez utiliza la expresión «animada por la intención de procurarse un ilícito beneficio a costa de lo ajeno»– de cargar un recibo de 6.272 euros en concepto de «gastos de reparación de la habitación».

El exconcejal, Samuel C. O. –en ese momento ya había dejado su carrera política–, que era el gestor de la residencia, supo de lo sucedido y decidió emular a la superiora y giró un primer recibo de 2.950 euros a la misma cuenta. Dado que la acción salió bien, «de común acuerdo y en acción conjunta» con el empresario José O. V., del que era socio en la firma Geoclub Software Ibérica, «giraron [a la cuenta de la fallecida] recibos creados exprofeso y que no obedecían a prestación real alguna», reza el fallo, por importe de 16.678 euros en cinco ocasiones, dinero que fue a parar a la cuenta de su empresa y que devolvieron entre febrero y noviembre de 2014.

Coincidiendo en el tiempo, convencieron a otro de los acusados, Sergio C. S., para que buscase a empresarios que usando el mismo sistema de facturas falsas realizara cargos a la misma cuenta, la de la profesora muerta. Sergio, que según la cuenta cobró 300 euros por cada transacción exitosa, contactó con el quinto acusado, el empresario Luis L. E., quien emitió ocho facturas inventadas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, lo que les permitió sacar 20.000 euros de la cuenta de la difunta.

La Guardia Civil recibió una denuncia y en marzo de 2015 detuvo a los cinco condenados ahora e imputó a otras doce personas en la «Operación Sangonera». Nueve meses más tarde, ha llegado la sentencia por la que la Generalitat podrá cobrar los 44.563,66 euros íntegros que la anciana dejó al morir.